Desde hace tres años, México es considerado el país más peligroso a nivel mundial para ejercer el periodismo.
Después de analizar iniciativas del PAN, PVEM y MC para fortalecer la protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de la entidad, en comisiones se acordó solicitar una reunión con las personas titulares de la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia y la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos, todas del Estado de México.
Legisladores del PAN indicaron que en los últimos 20 años en México más de 100 personas periodistas han sido asesinadas por causas relacionadas con su profesión y desde hace tres años el país es considerado el más peligroso a nivel mundial para ejercerla.
Es así que la finalidad es mejorar el mecanismo de protección y precisar la definición de personas defensoras de los derechos humanos, peticionaria, perspectiva de género, plan de protección y procedimiento extraordinario.
La diputada María Luisa Mendoza dijo que su iniciativa plantea establecer en la Constitución Política estatal la creación de una fiscalía especializada en el tema, y en la ley un protocolo y un mecanismo para esta protección, pues de 2012 a 2018 se han registrado 460 ataques a ambientalistas en el país, en tanto que de MC, la diputada Juana Bonilla Jaime expuso que la propuesta que impulsa con el diputado Martín Zepeda Hernández plantea incorporar la figura de defensor del medio ambiente, precisar su perfil y sus derechos.
Anais Miriam Burgos Hernández, de Morena, se sumó a las propuestas y advirtió la necesidad de revisar por qué la ley, que apenas tiene dos años de vigencia, no funciona y no da resultados, en tanto que el diputado Max Correa Hernández recordó que en la entidad se persigue a ambientalistas en municipios como Jilotzingo y Huixquilucan.
Sobre este punto, el diputado Vargas del Villar, coordinador legislativo del PAN, señaló que en Huixquilucan están sujetos a proceso personas que han cometido delitos y no por ser ambientalistas, en tanto que el legislador morenista Faustino de la Cruz Pérez dijo que se le podría solicitar a la FGJEM aplicar la ley para que no quede en letra muerta.
El diputado Braulio Álvarez Jasso, del tricolor, se pronunció por una reforma que sea funcional para la autoridad y cumpla su objetivo, mientras que la legisladora panista Ingrid Schemelensky Castro destacó la importante labor social del periodista.
Al final, también se acordó solicitar que se incluyan en el análisis otras dos iniciativas del Verde Ecologista que solicitan precisar el perfil de las personas defensoras de los derechos humanos e incorporar en la citada ley la categoría de persona defensora del territorio y la tierra dirigida a la protección de los activistas en defensa del medio ambiente.