El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros de defender intereses creados y estar lejanos del pueblo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el nuevo decreto mediante el cual se declaró como “seguridad nacional e interés público” la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, se adelantó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declaró la invalidez del acuerdo para proteger a las obras prioritarias de su gobierno.
‘Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Itsmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. La Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos’, explicó este martes.
Con el voto de seis ministros, el pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez del llamado “decretazo”, un acuerdo de noviembre de 2021 por el que se decidió que la información relativa a las obras insignia de la actual administración sería de carácter reservado.
La decisión de la Corte causó de nuevo la molestia del titular del Poder Ejecutivo, quien criticó que es un poder al servicio de intereses económicos. “Creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder. pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente teóricamente se conoce como la oligarquía”, dijo el mandatario federal.
Justo por ese “divorcio” con el pueblo, el presidente aseguró que sabían que desde la Corte intentarían frenar sus obras. “Ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos la construcción de estas obras estratégicas y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada.
Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del poder judicial”, aseguró. Recordó que obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya fueron objeto de una lluvia de amparos para intentar frenarlas, pero no se logró.
López Obrador acusó a un grupo de abogados y empresarios de intentar frenar sus proyectos, entre ellos, al exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío, a Gerardo Carrasco, a Miguel Carbonell y al exsecretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont.
“Por eso de se dio a conocer otro decreto para proteger las obras y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público. Entonces no hay problema”, comentó.
Ministros son quienes violan la Constitución López Obrador planteó que aunque los ministros aseguran defender la Constitución, no es así, pues recordó que siguen teniendo un sueldo superior al del titular de la Presidencia de la República.
“Ellos no defienden la Constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Esa es una mentira, ellos no defienden la Constitución, ellos la violan, tan claro, porque no estoy inventando nada.
Hay un artículo en la Constitución, el 117 que establece que ningún funcionario puede ganar más de lo que gana el presidente de la República y ellos ganan cuatro, cinco veces más de lo que yo gano y con argucias legaloides, ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución”, criticó. 68% de mexicanos quieren mayoría para el próximo presidente El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una encuesta del diario El Universal en la que el 68% de los mexicanos está a favor de que su sucesor tenga mayoría en la Cámara de Diputados.
“68% de los mexicanos, 68% está a favor de que el presidente entrante, mujer, hombre, cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. para poder llevar a cabo reformas constitucionales y continuar con la transformación”, dijo el mandatario federal.
Rumbo al proceso electoral del 2024, el presidente ha señalado que el “Plan C” de su proyecto político es lograr mayoría en el Congreso para enviar reformas a la Constitución que aún tiene pendientes como el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y una iniciativa para que los ministros sean electos por voto ciudadano.