Se trata de conocer su operación e impacto: Karina Labastida y Silvia Barberena.
Con el fin de verificar la aplicación de los recursos destinados a la operación de las alertas de violencia de género por feminicidio y desaparición, fortalecer las acciones municipales para el combate de estos delitos, al tiempo de promover la coordinación institucional y continuar la captación de opiniones y propuestas que se concreten en iniciativas de ley, las diputadas Karina Labastida Sotelo (Morena) y Silvia Barberena Maldonado (PT) recorrieron el municipio de Ixtapaluca, que cuenta ambas alertas.
Para la legisladora Karina Labastida, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, no solo se trata de hacer señalamientos sin bases por omisiones o fallas de los municipios, sino de conocer de primera fuente las condiciones reales en que trabajan estas alertas.
A su vez, la diputada Silvia Barberena consideró evidente la falta de recursos y mayor planeación de las acciones para que se apliquen no sólo de acuerdo con el marco legal, sino conforme a las particularidades de cada municipio. Apuntó que falta un modelo de medición de los resultados de cada acción ya que también es claro que pueden conocerse las políticas públicas en la materia, pero poco o nada sus impactos.
Durante el recorrido se les informó a las legisladoras que en Ixtapaluca durante el ejercicio fiscal 2021 se ejercieron 2 millones 300 mil 56 pesos correspondientes a la Alerta de Violencia de Género por Feminicidio, los cuales se destinaron a certificaciones, un albergue temporal, una oficina móvil y tecnología, mientras que para la Alerta por Desaparición se ejercieron 3 millones 342 mil 280 pesos empleados en la atención de primer contacto y el fortalecimiento de la célula de búsqueda.
Para 2022 se aplicaron a la Alerta de Violencia de Género por Desaparición 2 millones 478 mil 651 pesos, los cuales se destinaron a la adquisición de computadoras, cámaras, célula de búsqueda, capacitación de personal de seguridad pública, así como para la recuperación del Parque Oculto y el Memorial, mientras que para la Alerta por Feminicidio se aplicaron 5 millones 634 mil 178, de los cuales la mayor parte se destinó a la reconstrucción del Instituto de la Mujer.
La jornada inició en el Instituto de la Mujer para la Igualdad Sustantiva cuya directora, Xóchitl Martínez Castillo, mostró la primera etapa de sus instalaciones donde ya ofrecen servicios jurídicos, de psicología y trabajo social, y se pronunció por el fortalecimiento de las alertas pues las reglas de operación limitan sus actuaciones.
En el Sistema Municipal de Tecnología Policial (SMTP), donde las parlamentarias fueron recibidas por el director de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, Eduardo Fouilloux Bataller, se les mostró equipamiento adquirido para los elementos de la policía de género que se compone de 27 elementos dedicados a la atención de denuncias por esta violencia, búsqueda de personas desaparecidas y prevención del delito.
Durante el recorrido se les dio a conocer que las denuncias se han incrementado debido a que la ciudadanía y las mujeres en especial cada día confían más en este cuerpo policíaco y a que sus procedimientos de atención son más efectivos. Se informó que tienen 108 boletines de búsqueda activos y que parte del equipamiento pronto se va desfasando, lo que mueve a su actualización permanente y mayor gasto.
La jornada concluyó con una visita el Memorial de las Mujeres Víctimas, donde las diputadas pidieron mayores acciones del municipio para su mantenimiento y darle mayor difusión sobre su existencia y significado a fin de visibilizarlo, mientras mujeres del Consejo Estatal Ciudadano en Materia de Desaparición se pronunciaron por un mayor trabajo de la autoridad con la sociedad civil y con sus familiares, ya que son quienes mejor conocen y entienden los casos, así como mayor coordinación entre las instancias municipales con las estatales y federales.
En representación del Consejo acudieron Laura Curiel Armenta, Itzel Arismendi Mondragón y Areli Monroy Montes, así como Patricia Morales González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C. e Ismael Limón de la Secretaría de las Mujeres.
