La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) para vuelos nacionales será de 29.70 dólares y para rutas internacionales subirá a 56.39 dólares
Será a partir del 1 de enero del 2025 viajar tendrá un costo extra en los pasajes de avión, tanto de manera nacional como internacional, esto debido a que el Congreso mexicano autorizó un incremento al impuesto conocido como Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).
El alza será de 2.5% en todos los aeropuertos del país, por lo que el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó que a partir de 2025 la TUA para vuelos nacionales será de 29.70 dólares, es decir 598 pesos mexicanos. Mientras que para los vuelos internacionales el incremento será a 56.39 dólares, equivalente a 1 mil 135 pesos.
Los ajustes son de 87 centavos de dólar para las rutas domésticas y 1.43 dólares en el caso de los vuelos hacia el extranjero.
El Congreso mexicano modificó el artículo 220-A para establecer los porcentajes de la distribución de los recursos obtenidos por el derecho de uso, goce o explotación de aeropuertos federales.
Las ganancias se destinarán en un 60 % a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en un 40 % a la Secretaría de Marina (Semar), en función de los aeropuertos bajo su mando.
Los recursos serán para atender sus necesidades operativas, de infraestructura e inversión que impulsarán el desarrollo de los sistemas aeroportuarios, señalaron los diputados al aprobar la Ley Federal de Derechos para 2025.
Es importante aclarar que el aumento al porcentaje de la TUA no aplica únicamente para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sino para todas las terminales aeroportuarias en todo el país.
El TUA es una tarifa que se cobra a los pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias y se destina al mantenimiento y operación del propio aeropuerto.
Este impuesto se ajusta periódicamente por factores como la inflación y las mejoras en la infraestructura. La Cámara de Diputados tiene la facultad de realizar cambios en los montos, a través de la Ley Federal de Derechos.
La Ley indica que quienes se benefician de servicios específicos o explotan los recursos naturales tienen la obligación de financiar el costo de su uso, lo que alivia la carga financiera sobre la mayoría de la población.
