El ministro Javier Laynez dio sus razones para otorgar la suspensión contra la reforma electoral al INE.
Al conceder la suspensión provisional de la reforma electoral, del denominado plan B, el ministro Javier Laynez Potisek argumentó salvaguardar el sistema democrático, luego de dar entrada a la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando.
“En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad de decreto impugnado”, argumentó el ministro Laynez, en el acuerdo de la suspensión, publicado en los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado viernes, se informó que el máximo tribunal otorgó la suspensión provisional, contra el llamado Plan B de la reforma electoral, lo que generó una respuesta por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Se planteó que el ministro Laynez Potisek le “arrancó páginas a la Constitución”, al otorgar la suspensión en contra del todo el acuerdo impugnado.
En el acuerdo de suspensión, el ministro encargado de dar entrada e iniciar el análisis del asunto, se establece que de no concederse la misma se podrían concretar los ajustes de recorte de personal en el INE y otros, lo que afectaría derechos de la sociedad.
“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, consideró el ministro Laynez.
