Plantean reformas para eficientar la defensa jurídica del personal educativo.
El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de reformas a la Constitución Política y al Código Penal, ambos de la entidad, para que el personal docente cuente con el derecho a mecanismos de defensa legales contra posibles actos que vulneren su integridad y seguridad física, psíquica y moral, su dignidad o su vida, en su calidad de docentes.
La propuesta, que analizará las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, propone sanciones de seis meses a cuatro años de prisión a quien cometa el delito de lesiones en contra de personal del sector educativo público o privado, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Asimismo, de tres a seis meses de prisión a quien no preste atención a las amenazas realizadas por personas ajenas al centro educativo, por padres, madres, tutores o cuidadores en primer grado, y por estudiantes en contra del personal docente de apoyo y asistencia a la educación pública y privada.
Plantea agregar al delito de privación de la libertad sanciones de uno a cuatro años de prisión en contra de quien, por medio de la violencia, la coacción, intimidación o amenazas, vulnere o dañe la seguridad y tranquilidad del personal docente, y de ocho a 12 años de prisión a quien obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño, cuando este delito se cometa en contra del personal docente.
En sesión deliberante, el Congreso también se recibió la iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Social de la entidad con el objetivo de que a las personas campesinas en situación de retiro se les considere como parte de los grupos o sectores que merecen especial atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal.
La propuesta, que se estudiará en la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, destaca que las personas campesinas viven una odisea con restricciones legales de facto en cuanto a su movilidad geográfica, acceso limitado a los servicios sociales (salud, educación o vivienda), acceso insuficiente a la tierra y escasas protecciones laborales, por lo cual es necesario que se beneficien de manera prioritaria con programas sociales.