Con esta reforma se limita poder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender leyes y obras públicas.
Por mayoría de votos de 258 votos a favor, 213 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Amparo, que le quita facultades al Poder Judicial para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueda suspender leyes, reformas u obras públicas, como sucedió con el Tren Maya.
Con ello se deroga el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Mexicana y adiciona un último párrafo al artículo 148 constitucional que queda de la siguiente manera:
“Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la constitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.
Lizbeth Mata Lozano, Presidenta de la Comisión de Justicia, aseguró que los cambios aprobados a la Ley de Amparo, contradicen los dispuesto en la Carta Magna, por lo que adelantó que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demostrar que se equivocan.
Antes, Adriana Bustamante Castellanos, legisladora de Morena y quien fundamentó la iniciativa, afirmó que es mentira que, con esta propuesta legislativa, se elimine el efecto protector constitucional que hay en México.
Francisco Javier Huacus, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que, esto le quitará facultades al Poder Judicial de la Federación, pero también ata de manos la inconformidad de la ciudadanía de nuestro país, al quitarles la única herramienta que sirve como protección instantánea y temporal de los derechos de la gente.
Juan Ramiro Robledo, reconoció que la iniciativa del ejecutivo federal tiene dos intenciones, una jurídica y otra política. En la primera, buscan que la suspensión no suspenda, sin análisis profundo, toda una ley, y de quitar una discrecionalidad enorme a los jueces de amparo para brincarse las infracciones al interés social y al orden público, pero la política es que no pueden aceptar que siendo mayoría uno o tres magistrados suspendan lo que definió la mayoría en el Congreso de la Unión.
María Fernanda Félix Fregoso, de Movimiento Ciudadano, expuso que, con este cambio legislativo, el ciudadano tendrá que interponer su amparo, lo que obliga a las personas a tener asesoría legal y pagar una alta cantidad de dinero para defenderse, por lo que la justicia se aplicará sólo a quienes pueden pagarla. Señaló que pronto, los diputados de la mayoría se irán pronto al rancho del Presidente Andrés Manuel López Obrador porque la gente ya se dio cuenta que mienten.
Para la discusión en lo particular, se presentaron cerca de 90 reservas.