Por: Soraya Pérez
El presupuesto es una de las más importantes herramientas con las que cuenta un gobierno para promover el crecimiento económico. La semana pasada, tal y como lo establece nuestra Constitución, la Dra. Claudia Sheinbaum, a través de su Secretario de Hacienda, hizo entrega del paquete económico 2025. Esto es una serie de documentos que marcarán el rumbo y las prioridades que comprometieron en campaña.
México aún cuenta con un bono demográfico, ¿qué significa esto? Que el número de mexicanos en edad de trabajar y ahorrar es el doble de aquellos que no lo están. Este fenómeno, que es temporal, nos debería dar ventajas de crecimiento económico; sí y solo sí, nuestra fuerza laboral tuviera suficientes oportunidades económicas para transformarnos en consumidores potenciales, y que las empresas estén en un ambiente de competencia y con incentivos adecuados para la innovación que nos vuelvan más productivos. Lo que sucedería si se invierte en capital humano, educación y en un ambiente que fomente el empleo.
Los criterios de política económica que presentaron a la Cámara de Diputados prevén un crecimiento económico para 2025 entre 2 y 3% del PIB, cifra que no coincide con la mayoría de las estimaciones de expertos. De entrada, porque se calculó con un cierre para este año de 3.5%, cuando a lo más alcanzaremos 2%, según los datos duros publicados por el INEGI.
No alcanzar este objetivo impediría tener suficientes ingresos para el gasto público, y ese es el primer gran riesgo. Ahora, quisiera que analizáramos cómo proponen gastar:
El presupuesto está organizado en 3 grandes finalidades: gobierno, desarrollo social y desarrollo económico. Lamentablemente, el último solo representa 22% del gasto programable, y sufre una caída de casi 8%. Más preocupante es cuando revisamos al interior de esta clasificación funciones como la del campo (agropecuario, caza, silvicultura y pesca) que trae una disminución de 24.4%; transporte con una caída de 8%; y ciencia, tecnología e innovación con 7.4 por ciento.
La asignación presupuestal para el rubro de micro, pequeñas y medianas empresas que representan 90% de las unidades económicas de este país y 70% del empleo formal, sufre una tremenda disminución de 76%. Prácticamente, desaparecen el área encargada para atender a este importante sector.
Lo mismo pasa con las áreas de mejora regulatoria; normatividad, competitividad y competencia; y la de facilitación comercial; encargadas de eliminar los miles de obstáculos para crear negocios, así como la estandarización de procesos necesarios para competir en las cadenas de valor nacionales e internacionales. Todas tendrán menos presupuesto para 2025.
También es sabido que la principal dificultad para hacer negocios en México es la inseguridad, que dicho sea de paso, está en niveles nunca antes vistos. Si revisamos este componente, el denominado seguridad nacional que incluye los cuerpos policíacos y de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional, cae 15%. La sola secretaría disminuye 40%.
Otro elemento para atraer inversiones a México es contar con infraestructura adecuada para el desarrollo, además de contar con energía suficiente, limpia y más barata. La inversión física disminuye de 3% a 2.3% del PIB, es un mínimo que no se veía en años; destaco las obras hidráulicas federales de Conagua que caen en casi 50%.
Habrá que sumar el incremento de la deuda, la rigidez del gasto público por los programas sociales, la imposiblidad estructural de disminuir el déficit, los pasivos contingentes derivados de Pemex – que ya están considerados al nivel de bonos basura-, y las reformas aprobadas en el Congreso que erosionan los pesos y contrapesos del sistema judicial del país; todo esto es la mezcla perfecta de políticas públicas nada efectivas para la nueva visión de prosperidad compartida que aspira el nuevo gobierno.