Las tres instancias de la institución acordaron reforzar la prevención de irregularidades, atender denuncias y garantizar que las faltas se investiguen conforme a la ley.
El Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx) reforzó su compromiso contra la corrupción con la firma del pronunciamiento “Cero Tolerancia a la Corrupción y Cohecho”, suscrito por los titulares del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Encabezado por el magistrado Héctor Macedo García, presidente del TSJEM, el acuerdo busca fortalecer la integridad institucional, prevenir abusos de autoridad y recuperar la confianza ciudadana. También establece que las posibles faltas administrativas o delitos deberán ser atendidos por las autoridades competentes, con respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Macedo García señaló que la corrupción no solo implica solicitar dinero o recibir beneficios indebidos, sino también incumplir obligaciones, retrasar injustificadamente procedimientos, maltratar al personal y utilizar de manera irregular los recursos públicos. Por ello, llamó a que la honestidad y la responsabilidad formen parte del trabajo diario en las áreas jurisdiccionales y administrativas.
Asimismo, advirtió que la lealtad institucional no debe confundirse con guardar silencio ante las malas prácticas y sostuvo que las denuncias deben investigarse con base en hechos concretos. “El cargo no concede privilegios, ni va a ofrecer protección frente a las responsabilidades”, afirmó.
Por su parte, la magistrada Maricela Reyes Hernández, presidenta del TDJ, destacó la importancia de dar seguimiento oportuno a las denuncias e informó que los lineamientos de investigación aprobados contemplan un plazo de seis meses para desarrollar los procedimientos. Añadió que el tribunal impulsa acciones preventivas y de profesionalización para combatir la corrupción y el abuso de autoridad.
En tanto, el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del OAJ, subrayó que el pronunciamiento debe traducirse en medidas concretas, medibles y con resultados para la ciudadanía. La iniciativa forma parte de los esfuerzos anticorrupción y de las acciones previstas en el plan institucional del Poder Judicial mexiquense para el periodo 2025-2027.
