Se plantea crear comités, revisar casos de amnistía y visibilizar historias de injusticia.
Al encabezar la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de Justicia de los Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes del Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx), en la que se analizó la amnistía para mujeres indígenas en reclusión, se aprobó la propuesta del Magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez para la creación de dos comités especializados para identificar violaciones graves a derechos humanos, sistematizar información y, sobre todo, actuar para resarcir daños históricos.
Acompañado por Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría del Estado de México, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatal, llamó a actuar con contundencia y dejar atrás las acciones aisladas.
Planteó integrar un comité que reciba casos concretos, los analice jurídicamente, canalice posibles solicitudes de amnistía y establezca un padrón de personas indígenas y afrodescendientes privadas de su libertad, cuya situación legal exija una revisión a fondo.
De esta manera se responde a los y las integrantes del Observatorio, quienes compartieron experiencias, preocupaciones y la urgencia de abrir canales efectivos para atender casos de injusticia. El Magistrado Presidente insistió en que transformar la justicia requiere reconocer errores, asumirlos y trabajar por corregirlos.
Reiteró que este espacio busca ofrecer soluciones reales, con enfoque intercultural, de género e interseccional, especialmente para mujeres indígenas en prisión. Reconoció además que la justicia no puede construirse en soledad; debe abrirse, dialogar y nutrirse de la comunidad a la que sirve.
La Secretaria de la Contraloría estatal destacó que este Observatorio no solo representa una plataforma institucional, sino un compromiso ético y humano con la justicia intercultural. Subrayó que articula acciones concretas para garantizar que los pueblos indígenas accedan a una justicia real, entendida desde sus contextos sociales, culturales y lingüísticos.
Al referirse al análisis sobre la amnistía para mujeres indígenas en reclusión, enfatizó que no se trata de indulgencia, sino de una obligación del Estado de corregir desigualdades históricas en el acceso a la justicia, muchas veces marcadas por la ausencia de intérpretes, defensas adecuadas y comprensión cultural. Agregó que, desde el Poder Ejecutivo, y en particular desde la Secretaría a su cargo, se comparte plenamente esta visión de inclusión, transparencia y rendición de cuentas.
Mario Eduardo Navarro Cabral, Consejero de la Judicatura, destacó que la creación del Observatorio representa un avance sustantivo hacia la transparencia, la rendición de cuentas y el reconocimiento real de los derechos colectivos. Este nuevo órgano no solo se integra al proceso de evolución institucional, también reafirma su compromiso con una justicia accesible, inclusiva e intercultural.
Durante esta primera sesión también se consolidaron acuerdos clave: se propuso y aprobó el nombramiento de Pedro Isaac González, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, como Secretario Técnico, y se avaló el Reglamento Interno, documento que establece las bases de organización y operación del órgano colegiado.
