Son resoluciones emitidas por juzgados, salas y tribunales de las materias mercantil, penal, familiar, civil y laboral.
Con la publicación en www.pjedomex.gob.mx de 265 mil 321 sentencias, el Poder Judicial del Estado de México transparenta los criterios de las y los juzgadores, brinda herramientas para la creación de políticas públicas y contribuye a la generación de criterios jurisprudenciales. Se trata de resoluciones emitidas por juzgados, salas y tribunales de todas las materias.
El Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, titular del PJEdoméx explicó que la publicación de sentencias es una práctica del tribunal mexiquense desde junio de 2020, como un ejercicio de transparencia, incluso antes de la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de agosto del mismo año, que marcó la obligatoriedad de poner a disposición las versiones públicas de todas las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales.
Explicó que las y los usuarios pueden consultar 6 mil 373 sentencias en materia mercantil, 37 mil 588 penales, 98 mil 419 familiares, 120 mil 580 civiles y 2 mil 361 en materia laboral, esta última desde 2021 a la fecha. Además, las perspectivas de género y de infancia, que se integraron en 2021 a los rubros de sentencia suman mil 957.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México acotó que los propios juzgadores, servidoras y servidores judiciales se encargan de publicar las sentencias, cuidando los datos personales e información de la vida privada, y procurando que los testado no impidan conocer el criterio sostenido al momento de emitir la sentencia.
Entre estos datos, se encuentran nombre, dirección, edad, nacionalidad, CURP; e información de la vida privada, narración de los hechos que posibilitaría identificar personas, desde su vestimenta hasta un domicilio privado.
Sodi Cuellar comentó que la publicación de sentencias es una responsabilidad institucional y una acción más rumbo a la justicia abierta, más cercana, que permita a la ciudadanía tener una mayor certeza sobre la impartición de justicia, la consolidación de criterios judiciales y el fortalecimiento del estado de derecho en la entidad.
