En el último trimestre aumentó en 150% la violencia electoral en México; el actual proceso electoral ya superó la cifra de candidatos y precandidatos asesinados en 2018.
En México, durante el actual proceso electoral se han registrado 156 agresiones dirigidas a aspirantes y personas vinculadas con la elección del 2 de junio, de las cuales 50 personas perdieron la vida, entre ellos 26 eran aspirantes a cargos de elección popular.
Aunado a ello, se han reportado nueve casos de secuestro, 22 intentos de atentado y 75 amenazas, según los datos recopilados por el Laboratorio Electoral.
Oficialmente, las autoridades del Gobierno Federal solamente reconocen 15 asesinatos contra candidatos.
Un día después del asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, el INE ha recibido 99 solicitudes de protección, de las que ha aprobado 74 y 14 se encuentran en un nivel de alto riesgo.
De acuerdo con el “Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024”, los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son Morena, con nueve, y el PAN, con cinco. Los meses con mayor cantidad de asesinatos han sido julio, octubre, enero, febrero y marzo.
El incremento de casos en los últimos tres meses ha sido del 150%, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local.
En el reporte se indica que, del el 9 junio de 2023 al 29 de marzo de 2024, cuando concluyeron las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, los estados con más casos de violencia electoral son Guerrero, Veracruz y Michoacán.
Además, la organización señala que en “la mayoría de los casos de amenazas e intimidaciones no se dan a conocer los nombres o los cargos por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones”.
Ante este panorama, diputados han acordado llevar a cabo para este miércoles una reunión urgente del grupo de trabajo que conformaron para vigilar los comicios con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y evitar que las elecciones terminen en un proceso donde las decisiones sean tomadas por la delincuencia organizada.
El acuerdo fue tomado por los coordinadores de los grupos parlamentarios en San Lázaro, quienes prevén también llamar a reunión a los gobernadores de estados en los que han identificado que la problemática se ha asentado.
De acuerdo con los legisladores, la delincuencia organizada mandó un mensaje claro de intimidación.