En febrero del 2015 se contaba con 21 mil espacios, ahora existen menos cárceles y muchos más presos.
Existen en México menos cárceles que hace seis años, pero hay muchos más presos. Tras la reducción de los centros penitenciarios y el aumento de la población privada de la libertad se ha dado una combinación que ha agravado su vida dentro de ella.
Muchos de estos centros penitenciarios tienen problemas graves como el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria, provocando la proliferación de motines y disturbios al interior de estos espacios.
El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional dio a conocer que en el país existen 240 mil 212 personas encarceladas, los que representan un incrementó del 21% que existía hace seis años.
Significa que los centros carcelarios pasaron de tener 21 mil espacios disponibles en 2019, a estar excedidos por más de 15 mil personas el mes de marzo del 2025.
En seis años la sobrepoblación se incrementó, pasando de un 33% a un 48%. Además se puede leer en el informe que la mayoría de los presos son hombres menores de 40 años con educación secundaria
Pero los centros penitenciarios que más han sido afectados son las cárceles administradas por los gobiernos estatales, mientras que aquellas que están bajo el gobierno federal no presentan hacinamiento.
Muchos investigadores atribuyen este aumentó de la población en cárceles al abuso de la figura de prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que permite encarcelar a una persona de manera automática por la gravedad del crimen del que se le acusa, sin que haya sido enjuiciada y condenada.
Con procesos judiciales lentos, estas medidas solo abarrotan las cárceles de personas sin sentencia alguna. En México existen 240 mil personas privadas de su libertad, de estas 91 mil no tienen sentencia, es decir cuatro de cada diez.
Entre 2020 y 2021 en todo el país dejaron de funcionar al menor cuatro centros penitenciarios, trasladando a los reos a prisiones federales.
En las cárceles los reclusos sufren no solo de una sobrepoblación también de hacinamiento, que se suma a malos servicios de salud y alimentación, además de una nula higiene en las instalaciones, personal insuficiente de seguridad y custodia.
El 54 por ciento de los centros de reclusión evaluados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incumplen el objetivo de dotar a los internos de las condiciones adecuadas para reintegrarse a la sociedad: 88 de 162 cárceles reprobaron en este rubro, lo que los coloca como “universidades de la delincuencia”.
La CNDH publica cada año su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, un instrumento que permite conocer las condiciones en que viven las personas privadas de la libertad en México. Para el diagnóstico de 2024, el último disponible hasta la fecha, el organismo autónomo visitó 162 reclusorios: 145 estatales, 14 federales y tres militares.
A nivel general, 42 centros carcelarios reprobaron la evaluación por no cubrir los estándares mínimos de seguridad y respeto a los derechos humanos. Todos eran estatales. Y por rubro, el que tiene que ver con el proceso de reintegrar a las personas privadas de la libertad a la sociedad fue el que menos se cumplió: 88 prisiones –de nuevo, todas estatales– reprobaron.
