La constructora obtuvo tres contratos para obras en el cruce fronterizo de Colombia, en Anáhuac.
¡La polémica estalla en Nuevo León! El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, fue señalado por otorgar contratos por alrededor de 110 millones de pesos a Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V., empresa señalada por autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN).
De acuerdo con la información difundida por el Departamento del Tesoro estadounidense, la compañía habría sido utilizada para canalizar recursos del grupo criminal hacia campañas políticas, además de formar parte de una red empresarial presuntamente relacionada con operaciones de lavado de dinero. Por estos señalamientos, sus propietarios, Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, fueron incluidos entre las personas vinculadas a la red sancionada.
Entre 2022 y 2023, la empresa obtuvo al menos tres contratos de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT), destinados a obras en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional, ubicado en el puerto fronterizo de Colombia, en el municipio de Anáhuac.
Entre los proyectos destaca uno por casi 70 millones de pesos para construir casetas y carriles de acceso, así como otro cercano a los 25 millones de pesos para mejorar la imagen de entrada y salida del parador turístico del mismo complejo.
Los documentos públicos identifican como accionistas de la constructora a Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, quienes aparecen entre las personas sancionadas por Estados Unidos. Además, los contratos disponibles fueron firmados por Marco Antonio González Valdez, titular de CODEFRONT desde el inicio de la administración estatal y actual secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León.
Los señalamientos de las autoridades estadounidenses también apuntan a que la constructora habría obtenido contratos mediante prácticas corruptas y subcontratado a personas y empresas presuntamente relacionadas con la organización criminal.
El caso pone bajo escrutinio la asignación de recursos públicos para infraestructura fronteriza en Nuevo León. No obstante, los señalamientos y las sanciones administrativas estadounidenses no constituyen, por sí solos, una sentencia penal en México contra la empresa o los funcionarios involucrados.
El caso pone ahora el foco sobre los controles de contratación pública y la necesidad de esclarecer cómo una compañía señalada por autoridades estadounidenses pudo obtener contratos millonarios para obras estratégicas en la frontera de Nuevo León.
