Delfina Gómez trabajará de la mano con el gobierno federal para garantizar la seguridad de los mexiquenses

La Gobernadora del Estado de México seguirá con la mesa de coordinación para la construcción de la paz, donde participan la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General del Estado de México, la Guardia Nacional, el Ejercito y la Marina

Para la Gobernadora Delfina Gómez, la seguridad es uno de los temas prioritarios que su gobierno atenderá en el Estado de México, por lo que trabaja en diseñar las políticas públicas que coadyuven a combatir la inseguridad y en las que participen los tres órdenes de gobierno.

Con base en el diagnóstico de la problemática en el Estado de México, donde los delitos de alto impacto, en particular, las extorsiones contra los generadores de empleo fueron la tónica durante la última etapa de la pasada administración, se inicia con la incorporación de Andrés Andrade Téllez como secretario de Seguridad, abogado, especialista en litigio penal acusatorio; investigador y consultor en seguridad pública.

Es decir, se confecciona una estructura de seguridad bajo la premisa de que habrá cero impunidad ante los delitos y entablando un combate en contra de quienes atentan a la seguridad de los mexiquenses.

Como punto de partida, Delfina Gómez propone atender las causas que generan la inseguridad y la violencia, para lo cual dará seguimiento a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y también se contará con más y mejores policías.

De hecho, desde su campaña expuso que se deben depurar e incrementar el número de elementos y mejorar su calidad profesional, a la par de impulsar las acciones de inteligencia contra el delito mediante nuevas tecnologías.

Vincular a la ciudadanía en las acciones de seguridad y ejecutar una profunda transformación del sistema penitenciario estatal, es parte de esta estrategia donde se contará con los mejores perfiles.

En este punto, la mandataria sostiene que para propiciar el desarrollo armónico en el Estado de México, se trabajará arduamente para garantizar que el sector empresarial tenga garantías en sus inversiones; para que el sector empresarial no se vea a merced de los grupos delictivos y, con ello, evitar que se frene el desarrollo e inversión en el Estado de México.