Con la reciente creación del Consejo Estatal Inmobiliario, en las próximas semanas se realizarán varias sesiones de trabajo con autoridades y legisladores locales, para que a más tardar en tres meses la iniciativa ya esté en el Congreso del Estado para su aprobación.
A más tardar en noviembre próximo, el Congreso local podría analizar y, en su caso, aprobar las modificaciones a la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo y su reglamento para hacerla más efectiva, en reacción al incremento de fraudes inmobiliarios que agobian actualmente a este sector.
Lo anterior lo aseguró Miguel Ángel Lemus, presidente de la región Sur-Sureste de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI), al referir que, con la reciente creación del Consejo Estatal Inmobiliario, en las próximas semanas se realizarán varias sesiones de trabajo con autoridades y legisladores locales, para que a más tardar en tres meses la iniciativa ya esté en el Congreso del Estado para su aprobación.
En rueda de prensa esta tarde en Cancún, el líder gremial indicó que las reformas buscan que la ley en esta materia tenga “más dientes” para sancionar a los operadores mobiliarios “piratas”.
De igual forma, señaló que las modificaciones tienen como objetivo que todos los profesionales del sector inmobiliario estén dentro de un padrón de acreditados.
“Aunado a ello, una de las modificaciones propone la participación de la policía cibernética para la detección de fraudes inmobiliarios con las denuncias que se generan en los destinos”, abundó.
En ese sentido, Miguel Ángel Lemus resaltó que estas modificaciones legales, de ser aprobadas, “serán pioneras en todo el país y Quintana Roo, para regular la actividad y evitar los casos de robos o fraudes”.
El líder regional de AMPI informó que, actualmente, esta asociación cuenta con un promedio de 665 profesionistas certificados en todo el estado.
Abundó que el mayor volumen de profesionistas agremiados está en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, aunque agregó que el universo de personas dedicadas a las ventas inmobiliarias puede ser más amplia de la ya captada, pues se estima que sea de aproximadamente 7 mil.
Por último, Miguel Lemus resaltó que, pese al aumento de fraudes inmobiliarios (que, dijo, se realizan mayormente por la vía digital), el estado es el primer lugar en materia de inversión en este sector, al igual que el estado de Baja California.