García Harfuch desmintió las acusaciones que han hecho los legisladores de oposición.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró en conferencia las dudas que han surgido por la próxima Ley de Seguridad Nacional e Inteligencia.
García Harfuch desmintió las acusaciones que han hecho los legisladores de oposición, quienes han acusado que con la aprobación de la ley, el Gobierno tendrá libertad de espiar a los ciudadanos.
Harfuch expresó que esto es absolutamente falso; porque es imposible que alguien tenga acceso siquiera a las llamadas o a los mensajes.
Explicó que la única forma en la que el Gobierno, a través de la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa o la misma SSPC, pueden intervenir un teléfono celular o hacer un cateo, es por medio de la autorización de un juez.
También aclaró que la CURP biométrica incluirá fotografía y las huellas dactilares de los ciudadanos, pero descartó la existencia de una megabase de datos para tener acceso a información privada.
“Esto solo ocurre con previa solicitud y autorización de las personas para crear una identificación. No hay una sola base de datos o megabase de datos donde se pueda solicitar y acceder a información privada”, remarcó Harfuch.
Esta polémica ley se da debido al artículo 12, que permite a la Secretaría de Seguridad solicitar a públicos y privados datos vehiculares, biométricos y telefónicos, registros de propiedad, fiscales, de comercio y de salud, entre otros.
En el artículo 45 también permitirá al Centro Nacional de Inteligencia solicitar la geolocalización. Harfuch insistió en que toda intervención de teléfonos o de datos privados será bajo la autorización de un juez.
“No solo las comunicaciones, geolocalizaciones, intervención de comunicaciones. Todo es por medio de un juez, todo es previa investigación bajo la conducción del Ministerio Público, o sea, no hay nada a lo que la secretaría pueda acceder sin autorización”, concluyó.
