Sheinbaum dijo desconocer el caso de la gobernadora de Campeche, donde el periodista Jorge Luis González Valdés fue suspendido del oficio.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los gobernadores y gobernadoras de los estados deben de garantizar que haya libertad de expresión, tras ser cuestionada por la vinculación a proceso de un periodista detractor de Layda Sansores, gobernadora de Campeche.
Todos estos cuestionamientos se dieron luego de que en Puebla entrara en vigor una ley que tipifica y sanciona conductas referentes al uso indebido de tecnologías de la información, mientras que en Campeche, un periodista fue vinculado a proceso y fue suspendido de realizar su labor, por los delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores
La mandataria federal refirió que, en Puebla, el gobernador, Alejandro Armenta abrió un parlamento para discutir la ley que causó polémica, aunque refrendó que la posición del gobierno federal es estar en contra de la censura.
Sheinbaum, sin criticar o señalar a Sansores, reafirmó que desde su Gobierno nunca se apoyará la censura y, por el contrario, recordó a los gobernadores su obligación de garantizarla a nivel estatal, pese a la diversidad de opiniones.
Y pidió que nadie que ningún periodista debería ser castigado y menos de manera penal.
Fue el pasado viernes cuando una jueza de control vinculó a proceso a Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, así como a un representante de la Organización Editorial del Sureste.
De acuerdo a lo declarado, y avalándose en la llamada “ley mordaza” por sus detractores, ambos incurrieron en los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia en agravio de Sansores, quien les denunció.
Sansores sostuvo que el diario Tribuna instrumentó un ataque sistemático de ofensas en su contra por su condición de mujer, por lo que incurrió en “libertad de agresión” en lugar del ejercicio de la libertad de expresión.
Pero al darse a conocer este caso, se desataron las críticas en contra de las acciones con marchas y mensajes de apoyo a Tribuna, en los cuales también se denunciaba una censura contra comunicadores por sus críticas a la gobernadora.
