Los líderes empresariales insisten en que esta incertidumbre es perjudicial, especialmente para las micro y pequeñas empresas.
Con la implementación de la “Ley Silla” en Nuevo León se ha maximizado el conflicto entre el sector empresarial y el gobierno.
Algunas cámaras como Caintra y Coparmex han señalado que existen falta de parámetros técnicos claros en la normativa, lo que crea incertidumbre operativa y posibles afectaciones a la productividad.
La Ley Silla, recien aprobada, es una reforma diseñada para para garantizar el derecho al descanso de los trabajadores que pasan largas jornadas de pie, lo que ha provocado un serio enfrentamiento en Nuevo León.
Los sectores empresariales del estado como Caintra, Coparmex y Canacope, han manifestado su preocupación por la ambigüedad de la ley, argumentando que la falta de reglas claras amenaza con generar un caos operativo.
Sin embargo, han enfatizado que este conlicto no es por la ley, sino por su mala redacción, señalando que existe una ausencia de parámetros técnicos y cuantificables.
Esta ley obliga a los patrones a otorgar descansos periódicos, pero no especifica la duración, la frecuencia ni las condiciones de dichos descansos.
De acuerdo a los organismo esta dalta de especificaciones claras, obliga a los empleadores a realizar evaluaciones de riesgo subjetivas; lo que llevaría a esquemas de descanso que resulten en reducciones efectivas de entre el 9% y el 12.5% de la jornada laboral, afectando directamente la planificación de turnos, las metas de productividad y los costos laborales, todo sin un marco regulatorio claro que lo respalde.
Los líderes empresariales insisten en que esta incertidumbre es perjudicial, especialmente para las micro y pequeñas empresas que no tienen la capacidad para absorber costos imprevistos o reestructuraciones complejas.
La propuesta del sector privado para resolver este impasse es clara: diálogo y colaboración. Caintra y Coparmex han señalado que es esencial la capacitación y la creación de comisiones mixtas, compuestas por representantes de los trabajadores y de la empresa, para definir los esquemas de descanso más adecuados para cada centro de trabajo, alineados con sus necesidades reales y operativas.
El conflicto en Nuevo León es un reflejo de los desafíos que la Ley Silla enfrenta a nivel nacional. Las empresas de todo el país están obligadas a cumplir con la nueva normativa para evitar multas que pueden ir desde los 28,000 hasta más de 280,000 pesos. Esta presión regulatoria, combinada con la falta de claridad en las reglas, ha creado un ambiente de tensión.
