Los buscadores hacen un llamado para terminar la hostilidad hacia ellos al hacer búsquedas en lugares específicos.
Ante las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, comparecieron los aspirantes a consejeras y consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La lista de candidatos está conformada por 44 personas, de las cuales, 12 son familiares de desaparecidos, 11 representantes de organizaciones civiles y 21 especialistas.
Los senadores indicaron que ellos entienden la situación por la que pasan los familiares de personas desaparecidas, por lo que les piden confiar en el proceso de designación.
Al presentar sus relatos los familiares de las personas desaparecidas mencionaron que ellos buscan ser la voz de los integrantes que tienen una persona desaparecida.
Para Francisco Javier Espinosa Granados, la desaparición de personas se puede prevenir, pues cuando trabajan en conjunto autoridades de los tres órdenes de gobierno, asociaciones civiles y familias, se pueden realizar políticas públicas en materia de prevención, pero siempre con las familias.
Mientras que para Araceli Magdalena Rodríguez Nava, madre de un policia desaparecido, considera a la búsqueda de los familiares como una constante agonía, por lo que estimó que es importante escuchar a las familias de las víctimas, brindarles acompañamiento y garantizar sus derechos.
José Andrés Méndez Ñeco, miembro del colectivo “Amor por los desaparecidos en Tamaulipas”, relató que en sus 12 años de búsqueda de su hermana, sostuvo que no es suficiente con protocolos o leyes para encontrar a sus familiares; y afirmó que no existe empatía por parte de las autoridades y del Ministerio Público, para realizar los enlaces entre víctimas indirectas, y no esperar hasta las 72 horas para atender una denuncia y tomar en cuenta a las familias.
Los buscadores hacen un llamado para terminar la hostilidad hacia ellos al hacer búsquedas en lugares específicos; y anticiparon que de ser consejeros trabajara con las y los senadores para garantizar sus derechos, encontrar a las personas desaparecidas, capacitar a las autoridades encargadas y aplicar la ley con la intención de evitar este delito.
Señalaron que todas las familias, enfatizó, merecen justicia y saber dónde está su ser querido, ya que nadie eligió estar en esa situación ni buscar en fosas clandestinas, penales, hospitales, reclusorios; de ahí se deben agilizar las labores de campo y la identificación forense, de manera que la participación de las familias no es una opción, sino un derecho, pues los están matando por buscar a los suyos.
