Acciones coordinadas de la Fiscalía Edoméx con SSPC, CONASE, GN, SSEM y policías municipales han logrado la continua disminución de este delito.
Como parte de las acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno en el combate al delito de secuestro, en el Estado de México continúa a la baja este ilícito, una tendencia que se ha mantenido en descenso a partir del año 2020, gracias al trabajo conjunto, realizado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Comisión Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Guardia Nacional (GN), así como, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), policías y autoridades municipales.
De acuerdo al comportamiento histórico de incidencia delictiva, el secuestro en la entidad mexiquense ha presentado una disminución progresiva en los últimos cuatro años, pasando de 206 delitos de esta naturaleza en el año 2019, a 155 en 2020, 130 en 2021 y 92 en 2022, cifras que son alentadoras, ya que representan un decremento del 44.6 % de 2019 a 2022, manteniendo esa misma tendencia en lo que va del 2023.
En los primeros siete meses de este año, en la entidad mexiquense se cometieron 43 delitos de secuestro, cifra que se mantiene por debajo de los 52 ilícitos registrados en ese mismo periodo durante el 2022, es decir, una disminución del 17 por ciento.
Las acciones implementadas por la Fiscalía mexiquense en seguimiento oportuno de las investigaciones en las denuncias de secuestro, han coadyuvado a la continua disminución de este ilícito.
Gracias a los operativos, cateos y aseguramientos realizados durante el 2023 y hasta el 20 de agosto pasado, se ha logrado rescatar a 43 víctimas, además de detener a 92 individuos en flagrancia y en cumplimiento de mandamientos judiciales por su probable participación en la comisión de hechos delictivos de secuestro, además se han obtenido 145 sentencias condenatorias en contra de secuestradores.
La Fiscalía General Justicia del Estado de México, reitera su compromiso de coadyuvar en el combate frontal al secuestro, mediante una investigación eficaz, imparcial y profesional, con estricto apego a derecho, en coordinación con instituciones de seguridad pública y órganos autónomos federales y estatales, así como como municipales.
