Congreso Mexiquense pide agilizar el sistema penal

Comisiones del Congreso mexiquense aprobaron la iniciativa para que la aplicación del procedimiento abreviado también sea una facultad de las personas imputadas, y no exclusivamente del ministerio público a nivel nacional.

Al referir que en el fuero federal, en el 2023, de cuatro mil 957 causas penales concluidas, tres mil 404 concluyeron por sentencias definitivas condenatorias resultado de procedimientos abreviados (68.7 por ciento del total de los casos resueltos), las comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para que la aplicación del procedimiento abreviado también sea una facultad de las personas imputadas, y no exclusivamente del ministerio público a nivel nacional.

Las y los legisladores concordaron en que, con el respaldo a esta iniciativa, el Congreso mexiquense acerca a la población un sistema de justicia pronta y expedita, más accesible, eficiente y humana.

La reforma, que de aprobarse por el Pleno legislativo se turnaría al Congreso de la Unión, puntualiza que la persona imputada podrá por sí misma, o a través de su defensa, solicitar el procedimiento abreviado, siempre y cuando no exista oposición del ministerio público y, de ser el caso, la autoridad deberá justificarlo.

El legislador Carlos Antonio Martínez resaltó la importancia de la propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales porque marca el inicio de una nueva era, cuya esencia radica en un principio fundamental: la igualdad ante la ley.

Al brindar la oportunidad a la persona imputada, o a su defensa, de solicitar el procedimiento abreviado, se derriban barreras que obstaculizan el acceso a la justicia. Por ello, agregó, la reforma no solamente es un cambio legislativo, sino un acto de compromiso con los derechos humanos y las garantías procesales de las personas involucradas en un proceso penal.

Con esta reforma se reducirán costos judiciales, aseguró que el Congreso mexiquense demuestra su servicio al pueblo, construyendo un sistema de justicia sin discriminación, retrasos y sin olvidar a nadie. Además, se envía el mensaje de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho para todos y para todas.

La legisladora Martha Camacho recalcó que se agilizará la justicia y garantizarán los derechos de las partes involucradas, y enlistó beneficios, como: celeridad procesal, reducción de costos, mayor certeza jurídica, reconocimiento de responsabilidad y protección de las víctimas.

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