SCJN avala la Ley Minera y niega amparo a indígenas


La Segunda Sala resolvió que la Ley Minera no es inconstitucional por no prever una consulta previa a los pueblos indígenas, ya que la obligación de hacerlo está prevista en la Constitución, sin que sea necesario que cada ley lo tenga que prever o regular.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo al pueblo Maseual, de la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera y avaló por unanimidad su constitucionalidad, pese a los llamados que hicieron la Semarnat y el INPI.
La sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Minera no tiene marcha atrás, aunque está subyacente un amparo que logró el pueblo Maseual desde 2018 en contra tres concesiones mineras en etapa de exploración en Cuetzalan, Puebla, otorgadas en 2007, 2008 y 2011 a la compañía mexicana Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea y se espera que en los próximos meses un Tribunal Colegiado confirme o revoque este amparo otorgado por una Jueza de Distrito en Puebla, quien pidió suspender las concesiones hasta que se realice una consulta indígena.
Previo a la votación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expresó su interés de que la Ley Minera tuviera como principios fundamentales proteger la vida y priorizar el bienestar común, así como garantizar el derecho de consulta de los pueblos indígenas; mientras que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llamó a invalidar la legislación por contravenir los derechos de las comunidades.
Sin embargo, los ministros de la Segunda Sala resolvieron en sesión remota que “la Ley Minera no es inconstitucional por no prever dicha consulta, ya que la obligación de hacerlo está prevista en la Norma Suprema y en un Convenio Internacional y, por eso, aplica para todas las materias, incluida sin duda alguna la minería, sin que sea necesario que cada ley lo tenga que prever o regular. Sujetar la obligatoriedad de la consulta a su reconocimiento en una ley secundaria sería reducirla a un texto normativo de menor jerarquía”.
Al llegar a la SCJN, el proyecto inicial, presentado por el Ministro Javier Laynez Potisek, recibió críticas de diversas organizaciones y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por afirmar que “el contenido de la Ley no se vinculaba directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados”, a pesar de que en juzgados federales en Guerrero, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí se había concluido que el otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas ha sido inconstitucional por no garantizarles su derecho a la consulta previa, libre e informada por los impactos a sus derechos al agua, ambiente, territorio y autodeterminación.
Aunque la nueva propuesta no se hizo pública antes de la votación, integrantes del Consejo Maseual Altepetajpianij denunciaron que la esencia era la misma: excluir la consulta indígena. Este 13 de enero la Segunda Sala resolvió que la Ley Minera no es inconstitucional por no prever dicha consulta.

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