De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, las mujeres desaparecidas y sus buscadoras son discriminadas y maltratadas bajo prácticas institucionales.
En seis años, el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en México se triplicó, de acuerdo a lo informado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en la “Presentación del Diagnóstico de Mujeres Desaparecidas con enfoque especial en el estado de Jalisco”.
En 2015, se registraron mil 43 casos de mujeres y menores de edad desaparecidas y no localizadas en el país; para el 31 de diciembre de 2021 la cifra pasó a 2 mil 729 casos, afirmó una de las autoras de estudio, Patricia Morales. Es decir, que los datos en el Diagnóstico de mujeres desaparecidas, presentado en octubre del año pasado, revelaron que en México desaparecen al menos 7 mujeres al día.
El informe, financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, fue elaborado a partir de la revisión de bases de datos en ocho estados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, y el Informe de Incidencia Delictiva contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, se realizaron entrevistas semi estructuradas a especialistas en el tema y una bitácora de noticias.
Según reveló Anais Palacios, co-autora del estudio, el rango de edad de más casos de desaparición forzada de mujeres es entre los 15 y 19 años, seguido del de 20 a 25 años. Afirmó que esto indica la relación de este delito con otros por cuestión de género, como trata de mujeres y niñas, el feminicidio y el secuestro.
De acuerdo a lo expuesto por Patricia Morales, “las mujeres indígenas, las defensoras y periodistas, las niñas y adolescentes, las mujeres que se encuentran en ambientes donde hay evidencias de violencia comunitaria e institucional, así como aquellas con antecedentes y que sufren un continuo de violencia al interior de las familias; todas ellas son casos potenciales de desaparición“.
Entre los principios establecidos por el Instituto, se señaló que “existe un trato hostil de las autoridades cuando son mujeres, madres, hermanas, entre otras, las que realizan la búsqueda“.
“Las mujeres desaparecidas y sus buscadoras son discriminadas, estigmatizadas, maltratadas, difamadas y tratadas bajo prácticas institucionales que lesionan su reputación y buen nombre”, se estipuló en el segundo principio.
En la conclusiones y recomendaciones, Anais Palacios puntualizó sobre la necesidad del Gobierno de México, en todos sus niveles, de visibilizar “la problemática de la desaparición de niñas y mujeres como parte de la violencia feminicida y formule e implemente, de manera urgente, una política pública focalizada en las ciudades y municipios que concentran el mayor número de casos“.