Familias de desaparecidos se someten a muestras de ADN que terminan en archivos muertos y nunca encuentran a sus parientes.
En México existen 60 servicios forenses que dependen de las fiscalías y procuradurías estatales; una revisión hemerográfica hecha por el portal de Contralínea, revela que al menos en 18 entidades están colapsados o presentan anomalías (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz).
Cuando alguien sufre la desaparición de un ser querido acude al área de identificación de esas instalaciones, que albergan los registros de personas fallecidas no identificadas.
Para Grace Fernández –una de las fundadoras del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) – el derecho humano a la identidad es fundamental, y por ello es necesario dar nombre a los miles de cuerpos y de fragmentos óseos sin identificar, garantizar un trato digno y devolverlos con sus familias: no merecen el trato denigrante que les dan en los Semefo por la sobresaturación.
Grace Fernández señala que existen al menos 26 mil cuerpos sin identificar en México y tal vez alguno de ellos sea el de su hermano, Dan Jeremeel Fernández, quien fue desaparecido por militares en Torreón, Coahuila, en diciembre de 2008 y a quien ha buscado a lo largo de la República durante más de 10 años.
Además la fundadora de MNDM asegura que en los semefo del país existen miles de fragmentos de cuerpos humanos sin identificar y que ya otros tantos están en las fosas comunes y que de nada sirven las muestras de ADN que se piden a familiares que acuden en busca de un desparecido, esta prueba queda en los archivos muertos o como ellos le llaman, en “la reserva” por si algún día encuentran algo.
“Las estadísticas y la experiencia dicen que las personas desaparecidas podrían estar en alguno de los servicios médico forenses [Semefo] del país. Todos los cuerpos sin identificar tienen nombre, apellido y una familia que los busca”, explica en entrevista la joven.
Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad jurídica. Para el caso mexicano, la Secretaría de Gobernación (Segob) refiere que “el derecho a la identidad constituye la base mediante la cual se puede acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible.
La crisis de los servicios médicos forenses está ligada al contexto violento que, desde hace más de 1 década, sufre México, con un promedio actual de 80 personas asesinadas al día, muchas de las cuales terminan en las también llamadas morgues.
Esa crisis ya nadie la niega: Alejandro Encinas Rodríguez –subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob– reconoció que el saldo actual de la tragedia es de 40 mil personas desaparecidas, más de 1 mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar. La declaración la hizo el 4 de febrero pasado, durante la presentación del plan de instrumentación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
También en el ámbito internacional se sabe de esta compleja situación. Son “miles de cuerpos y decenas de miles de fragmentos [óseos] sin identificar y sin que se puedan realizar las acciones mínimas indispensables para su identificación”, denunció Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), por medio de una carta enviada -en mayo pasado- a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El defensor internacional agregó que los servicios públicos mexicanos en materia forense están rebasados en tres sentidos: por el volumen de trabajo que enfrentan; por las condiciones materiales para la realización de sus tareas; y por las capacidades técnicas que se necesitan.
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador –5 de diciembre de 2018 a 3 de junio de 2019– se han registrado 14 mil 133 homicidios dolosos en el país, refiere el Informe de seguridad de la Comisión Nacional de Seguridad.
Aunado a lo anterior, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía registran que entre 2007 y 2016 murieron de manera violenta 304 mil 889 personas; y registros oficiales y de la prensa refieren que en 2017 la cifra superó los 29 mil asesinatos y, en 2018, llegó a 34 mil.
Decenas de miles de esos cuerpos se apilan en los servicios forenses de México. Es inhumano el tratamiento de los cuerpos y restos mortales en México, señala la senadora Antares Guadalupe. Lo menos que una persona merece es un trato humano en la muerte, tener un paradero final como se destine en la familia: incinerado, sepultado, como sea, pero que la familia encuentre paz en el reposo final del familiar”.
Las familias observan que ese trato inhumano no sólo es de los servicios forenses, sino también de otras autoridades que no se coordinan para revertir la crisis. Al respecto, Grace Fernández crítica que el fiscal de la República, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, andan cada quien por su lado. “La que está más cerca es la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas y su equipo, pero aún es poco”.
La activista, que desde hace 2 años abandonó su empleo para dedicarse de tiempo completo a la búsqueda de su hermano, agrega: “si uno de los engranajes no se mueve, todo truena”. Por ello, indica, “lo que esperamos del gobierno actual es honestidad y la capacidad de reconocer si no sabe cómo proceder, lo cual no hicieron los gobiernos anteriores, que se dedicaron a negar, minimizar y criminalizar a las víctimas por no tener la capacidad”.
Adela Alvarado, quien junto con su esposo Manuel Ramírez busca desde diciembre de 2004 a su hija Mónica Alejandrina, explica que en los servicios médicos forenses del Estado de México les han tomado varias pruebas genéticas porque, según les dicen, la ciencia avanza y se requieren muestras nuevas.
“Nunca nos han tratado mal, incluso en las reuniones que tenemos con los ministerios públicos y en las mesas de trabajo nos atienden bien, nos dan un café, un dulce… ¡Pero no investigan! Yo no quiero me que abracen, que me den un beso, que me den café, que me ofrezcan agua… ¡quiero que investiguen! Ése es el sistema del PRI [Partido Revolucionario Institucional], que te da palmaditas, te dicen: ‘pásele, siéntese, ¿qué quiere? ¿agua? ¿un bocadillo?’. A eso se reduce todo y eso no es lo que queremos”.
Según Alejandro Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en los Semefo hay 3 mil 275 cuerpos sin identificar, los estados de Guerrero, Jalisco y Michoacán son estados donde los cuerpos están incluso en el piso sin las condiciones necesarias y en otro de los casos los pasean en treailers para ver dónde los tiran o entierran.
