Casi la mitad de las mujeres y de los hombres que están presos en las cárceles mexicanas no cuentan con una sentencia.
En México, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad se encuentran en esta situación sin una sentencia. En la mayoría de los casos la prisión preventiva no es justificada.
Son 86,984 las personas que están presas sin ser oficialmente culpables de algún delito en las cárceles estatales y federales del país, de acuerdo con cifras del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del Inegi.
Si se desglosa la información por género, para las mujeres esta problemática se intensifica, 1 de cada 5 presas (46.9%) se encuentran sin sentencia. Mientras que para los hombres la cifra se reduce a 36.7 por ciento.
Esto es una problemática importante para el sistema penitenciario porque, por un lado, vulnera los derechos humanos y, por otro lado, porque contribuye a la sobrepoblación en las cárceles, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC por sus siglas en inglés).
En los años recientes se ha observado una caída en el total de personas presas sin condena, pero los niveles todavía son altos.
La prisión preventiva oficiosa se aplica de manera automática con determinados delitos considerados como graves. En estos delitos graves entra el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, la delincuencia organizada, el ejercicio abusivo de funciones, entre otros.
Resalta que en algunas entidades con altos índices de violencia e inseguridad como Michoacán y el Estado de México tienen al 100% de su población sin sentencia en el esquema de prisión preventiva oficiosa.
La principal diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la justificada es que en este segundo esquema no se aplica de manera automática solamente por el tipo de delito, sino que se realiza un análisis más completo de los riesgos.
Utilizar la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no ha logrado reducir los niveles de inseguridad e impunidad en México; por lo que este esquema de privación de la libertad ha generado debate en la esfera pública sobre sí debería permanecer o no.
