-Como resultado, se llevaron a cabo tres suspensiones, cuatro reposiciones de sellos y la detención de cuatro personas por quebrantamiento de sellos.
Como parte del fortalecimiento de acciones para proteger a la ciudadanía y garantizar condiciones seguras en los espacios de alojamiento, el Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo la segunda semana de operativos de verificación en establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje.
Las acciones se realizaron los días 19 y 20 de marzo en distintos puntos de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con el objetivo de constatar que estos establecimientos cuenten con la documentación y permisos necesarios para su correcta operación, así como con las condiciones que marca la normatividad vigente.
Estos operativos fueron encabezados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), como parte de una estrategia interinstitucional orientada a la prevención de riesgos y la protección de las personas usuarias.
Como resultado de estas acciones, se llevaron a cabo tres suspensiones de actividades y cuatro reposiciones de sellos de suspensión. En estos últimos casos, se realizó la detención de cuatro personas por el quebrantamiento de sellos, toda vez que los establecimientos continuaron operando pese a haber sido previamente suspendidos.
Cabe destacar que, en algunos de estos lugares, los responsables no informaron a las personas hospedadas sobre la situación legal del inmueble, manteniendo el servicio de manera irregular e incluso realizando cobros, lo que generó inconformidad entre quienes habitaban estos espacios.
En uno de los establecimientos, las autoridades realizaron la reposición de sellos sin bloquear el acceso, debido a que en el interior se encontraban personas con condiciones médicas que requerían el uso de oxígeno. En atención a sus derechos y priorizando su bienestar, se otorgó un plazo de 48 horas para que pudieran desalojar el lugar de manera segura.
El objetivo de estas acciones es proteger a la ciudadanía, especialmente a quienes utilizan estos espacios como alternativa de alojamiento, garantizando que lo hagan en condiciones seguras, dignas y dentro del marco legal. La intervención oportuna de las autoridades permite evitar situaciones de riesgo y salvaguardar los derechos de las personas.
