Luisa María Alcalde explica nuevos lineamientos para fortalecer derechos de audiencias en radio y televisión

Los medios públicos y privados deberán contar con códigos de ética, defensores de audiencias y mecanismos de atención a quejas.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó los nuevos lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias en radio y televisión, los cuales se encuentran en consulta pública hasta el próximo 21 de agosto como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Alcalde Luján explicó que estas disposiciones, emitidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), establecen obligaciones para las concesionarias de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para programadores de uso comercial, público y social.

Entre los principales puntos de los lineamientos destaca que los medios deberán contar con un Código de Ética, un defensor de audiencias y mecanismos claros para diferenciar entre información noticiosa, opinión y publicidad, con el objetivo de brindar mayor certeza y transparencia a las personas usuarias.

Asimismo, las nuevas reglas contemplan la obligación de atender quejas de audiencias, garantizar el derecho de réplica, evitar la difusión de información falsa o descontextualizada y fortalecer la accesibilidad para personas con discapacidad audiovisual.

Durante la presentación, la funcionaria federal recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución mexicana en 2013 y posteriormente tuvieron modificaciones legislativas, hasta que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez de los cambios que los limitaban.

Alcalde Luján señaló que la consulta pública busca recoger las opiniones de empresas de telecomunicaciones, medios comunitarios, especialistas y ciudadanía en general, con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección y participación de las audiencias.

La Consejería Jurídica destacó que estas disposiciones no tienen como finalidad censurar contenidos, sino impulsar procesos de autorregulación, transparencia y responsabilidad en los medios de comunicación.

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