Ha otorgado facultades a los agentes del Ministerio Público para intervenir comunicaciones privadas, obtener la localización geográfica en tiempo real de una persona, llevar a cabo operaciones encubiertas, entre otras.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha llegado a cinco años con los principales casos de corrupción que tiene en sus manos —como el de Emilio Lozoya Austin y el de Juan Collado— sin avances importantes, así como con un número de expedientes en el limbo, y ahora suma una polémica más luego de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero otorgara funciones de intervención de llamadas a sus agentes, lo cual abre la puerta a espionaje e irregularidades en el manejo de la información, advirtieron organizaciones.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando en el Diario Oficial de la Federación, el Fiscal Gertz Manero publicó el acuerdo A/002/2023 por el que se delegan diversas facultades en las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, entre ellas intervenir comunicaciones privadas o extracción de información, pedir a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de una persona, llevar a cabo operaciones encubiertas y conocer las operaciones financieras realizadas por los sujetos investigados.
Estas facultades, como se establece en el acuerdo, ya las podía ejercer el Fiscal General de la República, pero ahora pueden hacer uso de ellas los agentes del Ministerio Público federal desde el pasado 7 de diciembre que entró en vigor la disposición, siempre y cuando se cuente con la autorización del superior.
“Para ejercer cualquier facultad delegada en este Acuerdo, la persona agente del Ministerio Público de la Federación deberá obtener, en cada caso, la autorización previa correspondiente de la persona titular de la unidad sustantiva a la que se encuentre adscrita o comisionada, dejando la constancia correspondiente”, establece en ese sentido el punto tres del documento.
José Flores, Director de Comunicación en la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y presidente de la fundación Wikimedia México, explicó en entrevista que si bien las fiscalías ya podían llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas, el acceso a datos conservados por parte de empresas, el acceso a la localización en tiempo real, todas estas facultades estaban concentradas en la Fiscalía General de la República, pero ahora con este acuerdo todo agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo estas técnicas de investigación.
En ese sentido, advirtió que en un escenario en el que hay evidencia de que se ha abusado de estas técnicas de investigación, sin que haya salvaguardas para prevenir este uso faccioso, resulta preocupante que ahora se busquen ampliar estas atribuciones delegándolas a cualquier persona del Ministerio Público.
En abril de 2021, se dio a conocer que la FGR suscribió, entre 2019 y 2020, al menos cuatro contratos para la adquisición de tecnologías de vigilancia a través de a la empresa Neolinx de México, dedicada a la venta de equipo de espionaje durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual estuvo involucrada, entre 2014 y 2015, en procesos de venta de sistemas de vigilancia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal y la entonces Procuraduría General de la República (PGR).