El titular de la SS, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, expuso que el objetivo es que la Justicia Cívica se adecue al contexto y circunstancias de los municipios, explicó que acorde al entorno los actos delictivos pueden variar y es necesario contar con reglas y sanciones que concuerden con la zona donde se realizan.
Con la finalidad de facilitar y mejorar la convivencia en las comunidades y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, la Secretaría de Seguridad (SS), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) atestiguaron la Transición al Modelo Homologado de Justicia Cívica de ocho municipios mexiquenses que serán la primera generación en implementarlo.
En las instalaciones del Juzgado Cívico de Metepec, el titular de la SS, Rodrigo Martínez-Celis Wogau dijo que este modelo es innovador y realizado por expertos que visitaron diferentes demarcaciones a nivel nacional, quienes estudiaron los reglamentos, así como bandos municipales para la identificación de mecanismos que nacen desde lo local y que consideran problemáticas particulares a fin de impartir una Justicia Cívica rápida y eficaz. Las jurisdicciones que forman parte de este primer grupo corresponden a Aculco, Atlacomulco, Chapultepec, Metepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco, San Antonio la Isla y Tianguistenco.
En su oportunidad, Clara Luz Flores Carrales, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), expuso que la Justicia Cívica trabaja con seis objetivos que son prevenir el escalamiento de la violencia, disminuir la reincidencia en faltas administrativas, dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a los conflictos, mejorar la convivencia ciudadana, promover la cultura de la legalidad y mejorar la percepción del orden público y de la seguridad.
Este modelo de Justicia Cívica está ligado con el nuevo Sistema de Justicia Penal Mexicano, en donde se pretende que los conflictos se diriman en mecanismos alternativos de solución de controversias; mencionó que la Justicia Cívica también aporta un enfoque de prevención para evitar disputas innecesarias y reducir las reincidencias en faltas administrativas.
Al emitir su mensaje Fernando Flores Fernández, Presidente Municipal Constitucional de Metepec, explicó que la implementación de este modelo aspira a que las localidades tengan una mayor participación al impartir justicia y que han probado ser un instrumento clave en la cadena de valor de prevención, pues permite identificar personas que requieren atención y canalizarlas a programas adaptados a sus necesidades.
Por su parte Emily Wann Directora de la Oficina de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de USAID México, dijo que el trabajo se realizó desde 2019 en los distintos municipios, donde descubrieron diferentes retos en la implementación y también oportunidades interesantes en materia de seguridad.
El representante del PJEM, Omar Cedillo Villavicencio, expresó que garantizar el acceso a la justicia es una responsabilidad de los poderes del Estado, pero la buena convivencia en el aspecto cotidiano y el respeto es una obligación de todos quienes conformamos la sociedad, reconocer que el resultado de homologar esta Justicia Cívica es la suma de esfuerzos de los órdenes de gobierno y de los tres poderes del estado.
Para llevar a cabo la implementación la Transición al Modelo Homologado de Justicia Cívica para la primera generación de municipios mexiquenses es necesario que independientemente de su adscripción, el Juzgado Cívico pueda contar con autonomía y se deberá dividir la función del cumplimiento de la ley a cargo de la policía de la función de impartición de Justicia Cívica; además que los procedimientos no tengan un sentido punitivo, sino un enfoque restaurativo por medio del cual la reflexión del infractor sobre su conducta y esta sea efectiva para evitar reincidencia.
Es necesario que se considere el intercambio de información entre Juzgados Cívicos, Fiscalías y otros sistemas para fines de investigación delictiva, inteligencia y análisis para la generación de políticas públicas focalizadas, la prevención del delito y la violencia, las cuales deberán ser implementadas principalmente desde el ámbito municipal.
En el juzgado cívico tiene las funciones de realizar la evaluación médica para determinar la condición de salud antes de la realización de la evaluación psicosocial, asegurar a los posibles transgresores hasta que su condición de salud lo permita, cuando la evaluación médica así lo indique.
Así mismo realizar la evaluación psicosocial, llevar a cabo audiencias públicas, determinar la existencia o no de faltas administrativas, imponer sanciones según las características de la falta administrativa y del perfil de los infractores, fomentar y promover la participación en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) para la solución de conflictos comunitarios, aprobar convenios y acuerdos que se celebren entre dos o más partes en los Centros Cívicos de Mecanismos Alternativos o ante un facilitador cívico sobre conflictos relacionados con la impartición de la Justicia Cívica y mantener un registro actualizado de las personas que hayan participado en una audiencia como posibles infractores y de los infractores a quienes se les haya impuesto una sanción.