ECONOMÍA DIGITAL PAGARÁ IVA

De acuerdo con Hacienda, existe un bajo cumplimiento fiscal asociado a la prestación de servicios digitales proporcionados por proveedores que no residen en el país y también en el pago de los impuestos que se causan en las operaciones de compra y venta de productos y servicios que se realizan.

Para el siguiente año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca obtener mayores recursos por parte de los contribuyentes sin subir o crear nuevos impuestos. Para ello, los dos factores más importantes serán el combate frontal a la evasión fiscal, la cual deja pérdidas recaudatorias bastante grandes, así como fortalecer el sistema tributario en un panorama donde la economía digital ha tomado fuerza.
El Paquete Económico que entregó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, contiene una miscelánea fiscal que propone una serie de modificaciones al marco tributario para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logre la meta de 3 billones 499,425 millones de pesos, 2.0% mayor a los 3 billones 311,373 millones de pesos aprobados para este año.
El documento marca diversas propuestas que buscan modificar las leyes correspondientes a los gravámenes, como el IVA, el ISR e IEPS, además de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF). Los legisladores tendrán como fecha límite el 31 de octubre para discutir —primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado— la iniciativa y aprobarla.
El Gobierno federal busca obtener más ingresos este 2020 y una forma de acceder a ellos será actualizando el marco tributario para cobrar impuestos a plataformas digitales que realizan compra y venta de productos y servicios.
En su propuesta de Ley de Ingresos 2020, la Secretaría Hacienda señala que deberán pagar impuestos a partir del próximo año los servicios de transmisión (streaming) de audio o video para ver películas o escuchar música, entre otros.
También pagarían impuesto los servicios de transporte como Uber, Beat, Didi, Cabify, entre otros, y los de alojamiento temporal como Airbnb, pues estos servicios se realizan a través de plataformas digitales de intermediación.
La propuesta incluye también: servicios de descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador.
La obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico como Waze, pronósticos meteorológicos y estadísticas.
También en esta categoría quedan comprendidos los servicios digitales de clubes en línea y páginas de citas, el almacenamiento de datos, así como los de enseñanza a distancia o de exámenes o ejercicios.
Aunque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que no se trata de “terrorismo fiscal” sino de cambiar la deficiente forma en que por años se ha recaudado en México, algunos especialistas señalan que difícilmente estas empresas absorberán los costos de los impuestos.
De esta manera la promesa de que no habría nuevos impuestos para la población está en riesgo, ya que estos impuestos a las apps no tardarán en verse reflejados en las facturas de los usuarios.
En el caso de Uber, éste tendría que pagar IVA por cada viaje, pero también un doble Impuesto Sobre la Renta: el de la empresa y el del conductor; a esto se suma el pago por la importación de la plataforma, pues no es de creación nacional.
Herrera explicó que los impuestos que buscan cobrarse a los servicios digitales como Uber, Netflix, Amazon Prime, Spotify o Airbnb no son nuevos gravámenes, sino que no se han cobrado porque el marco tributario no está actualizado.
“Estos impuestos ya existen pero no se cobraban, porque la estructura (fiscal) de México está asociada a bienes tangibles, los más fáciles y claros para cobrar son esos”.
Señaló que por muchos años se defendieron los ingresos petroleros pero se dejó de lado la recaudación, añadió que las medidas buscan modernizar el marco tributario y adecuarlo la realidad actual.
Para Hacienda, la economía digital trae beneficios de precio y calidad para los consumidores pero también es “un área de oportunidad importante en materia recaudatoria”, señala el documento.
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017 el valor agregado generado por el comercio electrónico fue equivalente al 4.6% del PIB.
La iniciativa explica que el bajo cumplimiento fiscal de los proveedores de servicios digitales que no residen en el país afecta los ingresos, pues no pagan impuestos, y genera una competencia desleal con los proveedores nacionales que sí trasladan el costo del IVA a los consumidores nacionales.
La economía digital es uno de los grandes retos que enfrenta no sólo el fisco mexicano, sino también otros países. En México, de acuerdo con Hacienda, existe un bajo cumplimiento fiscal asociado a la prestación de servicios digitales proporcionados por proveedores que no residen en el país y también en el pago de los impuestos que se causan en las operaciones de compra y venta de productos y servicios que se realizan.
“Además de afectar los ingresos tributarios, genera competencia desleal para los proveedores nacionales de servicios digitales, dado que éstos sí están obligados a trasladar y enterar el IVA por los servicios prestados a los consumidores nacionales”.
Los cambios fiscales también contemplan actualizar las tasas de impuestos que se cobran por IEPS a los refrescos y cigarros para el siguiente año, ello para que la cuota cobrada no pierda su valor por efectos inflacionarios, lo cual dejaría mayores ingresos al erario.
En el caso del IEPS que se aplica a las bebidas saborizadas, Hacienda propuso que la cuota pase de 1.17 a 1.2705 pesos por litro, lo cual dejaría una recaudación extra de 1,994 millones de pesos.
En el caso de los tabacos, la dependencia propuso que, a partir del siguiente año, la cuota de tabacos labrados sea de 0.4980 pesos, la cual reconoce la inflación generada durante el periodo del 2011 al 2019. Además de que esta cuota se sujete a una mecánica de actualización anual como sucede con las demás cuotas que se establecen en la Ley del IEPS. Lo anterior dejaría ingresos extras por 4,917 millones de pesos.
También propone que aquellos patrones que contraten personal que padezca de discapacidad puedan tener una deducción adicional de 25%, además de incentivos fiscales a los ejidos y comunidades.

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