El efecto sustantivo que generará el paro anunciado por los trabajadores sindicalizados es que habrá “suspensión de términos”, lo que significa que los casos que no estén ligados a privación de la libertad podrán ser promovidos, pero no se emitirá un acuerdo, una situación similar a cuando se encuentran de vacaciones o la forma en la que se trabajó durante la pandemia de Covid-19.
La tarde de este miércoles en el marco del tercer día consecutivo de manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra de la eliminación de 13 fideicomisos, anunciaron que comenzarán un paro nacional que se extenderá hasta el próximo 24 de octubre.
Esto después de que en los primeros minutos de este 18 de octubre con 260 votos a favor, 196 en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobara la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF). Con ello se eliminan 13 de los 14 fideicomisos que poseen la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De aprobarse el dictamen que ya fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se recaudaría un monto de 15 mil 450 millones de pesos.
En una asamblea celebrada afuera de la sede de San Lázaro donde se dieron cita trabajadores de diversos tribunales y juzgados de la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades de la República, a mano alzada se llevó a cabo una votación por el paro nacional.
Aunque en este tercer día de manifestaciones decidieron no realizar bloqueos en vialidades, mantuvieron cerrados los accesos de la Judicatura; posteriormente líderes sindicales se dirigieron al Senado para sostener un encuentro con legisladores de partidos de oposición para discutir la eliminación de los fideicomisos.
“Hoy decidimos que no íbamos a bloquear ninguna vía para no entrar en conflictos con las autoridades de la Ciudad y vamos a reanudar labores hasta que se resuelva favorablemente esta situación”, aseguró Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal.
De acuerdo con la abogada penalista, Angela Frías Acevedo, el efecto sustantivo que generará el paro anunciado por los trabajadores sindicalizados es que habrá “suspensión de términos”, lo que significa que los casos que no estén ligados a privación de la libertad podrán ser promovidos, pero no se emitirá un acuerdo, una situación similar a cuando se encuentran de vacaciones o la forma en la que se trabajó durante la pandemia de Covid-19.
En el caso contrario se encuentran los casos de extrema urgencia, donde se tratan los relacionados con desapariciones forzadas, tortura y órdenes de aprehensión, y éstos continuarán su proceso a pesar del paro de labores.
La consecuencia interna se verá reflejada en el “aumento de la carga de trabajo”, ya que los expedientes se encuentran físicamente en el tribunal y al no tener acceso a las instalaciones para revisar el sistema de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, donde los abogados ingresan juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, solicitudes de audiencia e impugnación y omisiones del Ministerio Público, esto dificultará que los secretarios puedan acordar y los jueces de distrito pronunciarse sobre algún caso, afirmó la licenciada consultada por Publimetro.
Finalmente, Frías Acevedo comentó que el paro nacional si constituye una suspensión a la administración de justicia, pero está justificada porque se deriva de una protesta de los trabajadores, cuyo objetivo es enviar el mensaje de inconformidad antes condiciones adversas y que se denote la importancia de la labor de este sector.
