-Autoridades advierten y proponen aumentar los impuestos como medida costo-efectiva.
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 reveló que 73.7% de la población mexicana entre 12 y 65 años consume alcohol, con un incremento notable en mujeres, cuyo consumo pasó de 62.6% a 69.3%. Aunque se registró una ligera baja en adolescentes (17.8%), el consumo generalizado persiste como un desafío crítico para la salud pública.
De acuerdo a la encuesta, el consumo de alcohol provoca 112 muertes diarias en México, equivalentes a 41 mil decesos anuales.
Además de asociarse de manera directa con más de 60 enfermedades (cirrosis, cáncer, pancreatitis, daño neurológico), agrava otras 200 condiciones como accidentes viales, violencia, suicidios y VIH.
También señalan que los costos médicos derivados representan 2.1% del PIB, con seis de las diez principales causas de muerte vinculadas al alcohol.
México carece de una Política Nacional sobre Consumo de Alcohol, lo que permite ventas sin restricciones de lugar, horario o publicidad. Esta falta de regulación incrementa la vulnerabilidad de la población y genera hospitalizaciones evitables que saturan el sistema de salud.
Organismos internacionales como la OMS y el Banco Mundial recomiendan el aumento de impuestos como la medida más costo-efectiva para reducir el consumo.
Ya que, de acuerdo a sus informes, los incrementos fiscales pueden disminuir hasta 34.6% el consumo y generar ingresos adicionales para salud.
Una propuesta de modificación al IEPS, con cuotas específicas por mililitro de alcohol puro, hubiera reducido el consumo en 37%, recaudado más de 30 mil millones de pesos y evitado 162,613 muertes por cirrosis en 10 años.
La Red de Acción sobre Alcohol (RASA) urgió al Gobierno Federal a implementar políticas efectivas como la de regular horarios y lugares de venta. Además de prohibir publicidad y promoción de bebidas alcohólicas.
También piden incrementar impuestos para financiar salud, educación y justicia social.
Estas medidas, además de contribuir a la salud pública de la población, permitirán obtener recursos para financiar acciones de salud, educación y justicia social que beneficien a todos los mexicanos, y no solo a un grupo de corporaciones internacionales que lucran con la salud pública de los mexicanos.
