Los centros de detención del país registran una ocupación de sólo cuatro por ciento, cuando antes de la tragedia estaban sobresaturados.
A casi cuatro meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 migrantes, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha dejado semivacíos los centros de detención, optando por las deportaciones exprés para devolver a los indocumentados a sus países de origen.
De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, a cargo del comisionado Francisco Garduño, al 2 de julio pasado, sólo 267 extranjeros estaban alojados en las 35 estaciones migratorias que existen en el país, lo que representa cuatro por ciento de la capacidad total. El INM reportó, a esa fecha, cinco mil 825 espacios libres, una disponibilidad nunca antes registrada.
Estaciones migratorias como la Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chipas, que en enero pasado tenía una población de mil 400 migrantes por encima de su capacidad (960 personas), actualmente aloja a 69, según la información proporcionada.
A la par del desalojo en las estaciones migratorias que, hasta antes del incendio, ocurrido el 27 de marzo, se reportaban sobresaturadas de migrantes, esperando ser devueltos a sus naciones de origen, las deportaciones por la frontera sur se han duplicado en los últimos tres meses, según datos de las oficinas migratorias de Guatemala y Honduras.
De acuerdo con cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre abril y junio pasado, un total de cuatro mil 768 migrantes de ese país y procedentes de otras naciones como Honduras, fueron deportados desde México, de los cuales tres mil 300, es decir 70 por ciento, fueron retornados en 412 autobuses. El resto de los migrantes fueron deportados en al menos 16 vuelos.
La cifra de deportaciones vía terrestre es más del doble a la reportada de abril a junio del año pasado, cuando nuestro país expulsó un total de dos mil 112 migrantes a Guatemala.
Las expulsiones exprés o en caliente, explicó por su parte Javier Urbano, experto en temas migratorios, son una práctica ilegal que consiste en obligar a un grupo de personas a cruzar la frontera de vuelta de manera expedita, sin cumplir con los procedimientos internacionales y sin tomar en cuenta que muchas de esas personas corren peligro si son obligados a regresar a sus comunidades.
El objetivo, añadió Urbano, es evitar que puedan organizarse en grupos para continuar el viaje al norte, es prácticamente deshacerse de ellos lo más pronto posible.
De acuerdo con el experto, la escena inusual de ver las estaciones migratorias semivacías deriva de las duras medidas que ha tomado México para disuadir a los solicitantes de asilo de aglomerarse a lo largo de sus fronteras.
Explicó que, en Tapachula, por ejemplo, cerraron las oficinas de migración que se habían establecido para proporcionar permisos temporales que permitieran a los migrantes viajar hacia la frontera norte. Incluso, los permisos basados en razones humanitarias fueron prohibidos y reemplazados por órdenes de expulsión que daban días a las personas para salir del país.
Los funcionarios del INM suavizaron estas medidas, pero los grupos de apoyo a migrantes dicen que su efecto ha sido claro. “Creo que la lógica es cansarlos. Que se desanimen y regresen”, aseguró Arroyo.
La gran concentración de integrantes de la Guardia Nacional para funcionar como policía migratoria ha creado, además, un desincentivo para los migrantes, dijo por su parte Luna Beltrán, voluntaria en Casa Migrante Chiapas, quien agregó que el mensaje tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos es muy claro: “no hay opciones en este país y por el contrario hemos creado un ambiente hostil para los solicitantes de asilo”.
