La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos denunció como “brutalidad policial” a las medidas que algunos países utilizan para reprimir las protestas motivadas por la desigualdad social.

Haciendo referencia a Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Francia, Hong Kong, Líbano, Rusia y España; Michelle Bachelet repudió las acciones de los gobiernos, que prefirieron sofocar las protestas en lugar de escuchar a los manifestantes, haciendo uso excesivo de la fuerza e incluso el uso de fuerza letal por parte de los elementos de seguridad.

La funcionaria también denunció que: “El uso de fuerza desmedida contra quienes reclaman pacíficamente sus derechos humanos o expresan opiniones críticas constituye una violación de los derechos humanos, pero además, al aumentar la tensión, dificulta una salida sostenible de la crisis».

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