Los CUSAEM, al no ser reconocidos en la administración estatal como parte del sector público, no son auditados.
Por instrucciones de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Seguridad, Finanzas e incluso al ISSEMYM, revisarán el estatus que tienen los Cuerpos de Seguridad Auxiliar estatales, ya que están dados de alta como afiliados a este Instituto, pero no son reconocidos como servidores públicos del gobierno estatal.
Al respecto, el consejero Jurídico del Gobierno, Jesús George Zamora, dio a conocer que la instrucción fue clara: valuar la situación del organismo, definir su estatus jurídico y con esa base tomar algunas determinaciones.
Hay que recordar que el Congreso federal y el local han pedido más de una ocasión que se defina la situación del CUSAEM, porque por años ha operado como empresa privada y como pública, por lo cual parte de su personal está afiliado al ISSEMyM; es decir, se mantiene en el limbo jurídico.
El último exhorto fue promovido por la diputada Azucena Cisneros y el diputado Gerardo Ulloa, para que el gobernador Alfredo del Mazo, en ese entonces, regulara y transparentara su operación. La Secretaría General de Gobierno ofreció llevar a cabo una revisión para determinar si podrían ser absorbidos por la nómina estatal, pero nunca se emitió un acuerdo.
Esta empresa opera en el Estado de México desde hace más de una década. Inicialmente, solo brindó servicios al gobierno estatal, a bancos, entre otras instancias, pero solamente en territorio mexiquense.
El último contrato, del 2022, con Alfredo del Mazo, fue por más de 510 millones de pesos, de acuerdo al área de transparencia.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno federal, la corporación logró ganar varios contratos y entre el 2012 y el 2015 el Gobierno Federal les otorgó contratos por un total de 2 mil millones de pesos, que siguió hasta el último día de la anterior administración federal, de acuerdo a reportes de diversos medios que reprodujo el Congreso federal en un exhorto.
Al no ser reconocida en la administración estatal como parte del sector público, no es auditada, ni tiene obligaciones de transparencia; sin embargo, gran parte de sus empleados tienen seguro como si fueran servidores públicos y operan armas con la licencia del gobierno estatal.
Aunque se reportan varios contratos millonarios con el gobierno estatal, municipales y particulares, así como con el federal, la situación económica no es muy buena para todo el personal, que en repetidas ocasiones salieron a denunciar salarios por debajo de la ley, la carencia de prestaciones y el cobro de uniformes.
Tampoco han cubierto con el pago de cuotas al ISSEMYM y arrastran el adeudo más alto, de 5 mil 523.7 millones de pesos, de una cartera vencida que tiene el organismo por 6 mil 457.9 millones de pesos.