Interpone Gobierno del Estado de México recursos de revisión en juicios de amparo, donde los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito prohibieron el uso de casi 10 millones de Libros de Texto Gratuitos.
En nombre de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la Consejería Jurídica estatal presentó recursos de revisión en los juicios de amparo 1094/2023 y 1096/2023. Estos recursos se originaron a raíz de la controversia en torno a la impresión y distribución de los Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 en el Estado de México.
El gobierno mexiquense explicó que la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ordenó la suspensión de estos actos por parte de las autoridades educativas estatales y federales. Sin embargo, esta medida afecta a la totalidad del alumnado de nivel básico, lo que plantea preocupaciones sobre la calidad de la educación y el diseño pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana.
El cuestionamiento principal radica en que esta resolución afecta a más de 3.1 millones de estudiantes de educación básica, ya que, en su mayoría, los libros de texto gratuitos ya se les han entregado.
Además, la determinación del Tribunal Colegiado va en contra de las reglas básicas del juicio de amparo, ya que impone efectos generales en millones de educandos, no solo en los hijos de quienes presentaron la solicitud de amparo.
Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito prohibieron el uso de casi 10 millones de Libros de Texto Gratuitos un desafío a los derechos de educación protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También considera que la resolución judicial también genera preocupación debido a que parece prevalecer la ideología de unos pocos sobre la libertad de pensamiento de millones de alumnos, padres de familia y maestros. Esto limita la capacidad de elegir el material educativo de acuerdo con sus propias preferencias, según la postura del nuevo gobierno.
Además, se ha señalado que la resolución podría imponer una carga económica desproporcionada a las familias y al sistema educativo estatal, ya que sugiere la reimpresión de los libros de texto aprobados para el ciclo escolar anterior. Sin embargo, esta sugerencia parece no tener en cuenta las condiciones económicas de las familias mexiquenses ni la previsión presupuestal de las autoridades educativas para llevar a cabo esta tarea masiva.
Finalmente, el Gobierno del Estado de México hace un llamado respetuoso a los jueces y magistrados federales para que consideren la realidad social del país y emitan sus resoluciones dentro de los marcos competenciales de los Poderes de la Unión y de los Estados. Esto permitiría mantener un equilibrio en la toma de decisiones y garantizar una verdadera justicia en los casos sujetos a su jurisdicción.
