De acuerdo con la organización, la reglamentación se ha convertido en letra muerta en el país.
Las sanciones por conflicto de interés, se ha convertido en una reglamentación que no se respeta, en letra muerta en México, exhibe un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El organismo señaló en dicho documento que las sanciones por conflicto de interés están prescritas en la reglamentación mexicana, pero no se aplican en la práctica.
En el reporte Perspectiva de Integridad y Anticorrupción, se expone que México tampoco cuenta con mecanismos para rastrear el movimiento de funcionarios públicos hacia la iniciativa privada en sectores que anteriormente regularon.
“Los marcos de integridad y anticorrupción de los países de la OCDE están mejorando, pero existe una gran brecha en la implementación, lo que significa que los países están abiertos al riesgo de corrupción”, se expone.
En promedio, los integrantes de la OCDE cumplen en 76 por ciento con los criterios que ésta delinea en materia de regulaciones sobre conflictos de intereses, pero sólo 40 por ciento en la práctica.
Cuando se mide la implementación de las recomendaciones de auditoría interna, también hay un rezago en el promedio de países de la OCDE que lo implementan, y sólo México cumple a 100 por ciento. Sin embargo, la organización exhibe que el país no revisa ni 60 por ciento de las declaraciones de interés y no hay una política de datos abiertos.
En cuanto al “marco de integridad en procesos electorales”, en el país hay restricciones a las contribuciones financieras a los partidos políticos, también hay regulación contra donaciones anónimas, así como de empresas y Estados extranjeros. No obstante, pese a que existe la regulación sobre informes financieros de la campaña electoral, a consideración de la OCDE, no es una regulación que se aplique.
La primera publicación de Perspectiva de Integridad y Anticorrupción se da en un año en el que casi la mitad de la población mundial acudirá a las urnas, en medio de una baja confianza hacia las instituciones y posiciones políticas más distantes, destacó OCDE. Su objetivo es rastrear “el desempeño de los marcos de integridad” de los países que conforman la organización y analizar sus riesgos.