La Comisión Independiente de Investigación sobre pandemia en México las califica como uno de los más graves fallos gubernamentales en el manejo de la crisis sanitaria.
Era de esperarse, y debió llegar la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia Covid-19 en México para que se diera a conocer que de las 833 mil 473 muertes en exceso registradas, 300 mil son atribuibles a las políticas públicas erróneas aplicadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Indicaron en conferencia que hubo desinformación sobre la transmisión del virus, empleo incorrecto del cubrebocas, falta de inversión en el sector salud y ausencia de apoyos a personas vulnerables.
A pesar de que el núcleo de la pandemia se ubicó en el centro del país; es decir, en la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Puebla, los comisionados señalaron que las malas decisiones del gobierno capitalino contribuyeron en forma desproporcionada a la mortandad durante la segunda ola, la más mortal, registrada a finales de 2020 y principios de 2021.
En diciembre de 2020, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, utilizó cifras falsas o incorrectas para incumplir con el semáforo de riesgo epidemiológico y suspender las actividades no esenciales dos semanas después de lo debido.
“A pesar de representar sólo 7.3% de la población total del país, la capital aportó 24% de las muertes en exceso entre diciembre de 2020 y enero de 2021”, detalla el texto de la comisión, que calificó lo anterior como “uno de los más graves fallos gubernamentales en el manejo de la emergencia sanitaria”, aunado a la prescripción de Ivermectina y Azitromicina que hizo el gobierno capitalino a pacientes con Covid-19, sin la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La Comisión Independiente también acusó la actuación unipersonal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien actuó como autoridad sanitaria sin tener esas facultades expresas y relegó la participación de órganos colegiados, consejos, gremios médicos o científicos, y desplazó al Consejo de Salubridad General, las academias nacionales de medicina y cirugía, y la Academia Mexicana de Ciencias por estructuras no previstas en las leyes, normas o protocolos.
“En ese marco de anormalidad jurídica, el Poder Legislativo no tuvo intervención alguna en la conducción de la pandemia. No se integró siquiera una comisión de seguimiento a las políticas contra la pandemia y el secretario de Salud nunca compareció ante el Poder Legislativo”, resalta el informe.
También destaca “el experimento fallido del Insabi y la cancelación del Seguro Popular” que profundizaron la debilidad del sistema de salud mexicano, en medio de la pandemia por Covid-19.
“En una desafortunada coincidencia, la pandemia llegó a México en el primer trimestre de 2020, precisamente cuando el gobierno introdujo un abrupto cambio institucional: la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). A la vez, instrumentaba una modificación drástica en el mecanismo para la adquisición de los medicamentos, justo en una coyuntura que exigía obtener con urgencia fármacos, implementos y vacunas. Dos cambios inciertos y mal concebidos que complicaron la respuesta a una crisis de grandes dimensiones”, considera el informe.
