Si bien el estudio destaca la aprobación de la Guardia Nacional en la sociedad, también advierte algunos problemas e inconsistencias.
Aunque en la Constitución se establece que la Guardia Nacional (GN) es una corporación de carácter civil, en los hechos se ha desarrollado como una institución militar, ya que ocho de cada 10 de sus integrantes provienen de las Fuerzas Armadas, señala un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
El documento titulado “Elementos para la evaluación de la Guardia Nacional”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, destaca que una de las principales fortalezas de la Guardia Nacional es su nivel de aprobación en la sociedad, pues el 73.5 por ciento de la población considera que su desempeño ha sido efectivo.
Explica que durante sus primeros años de vida, la GN ha aumentado su estado de fuerza y despliegue territorial de manera consistente, hasta el punto de tener presencia en todo el territorio nacional.
Entre 2019 y 2022, las entidades que concentraron el mayor número de elementos desplegados fueron: el Estado de México, con 35 mil 541; seguido de la Ciudad de México (34 mil 411), Guanajuato (23 mil 085), Jalisco (20 mil 563) y Michoacán (20 mil 029).
En contraparte, las entidades a las que menos elementos de la GN se enviaron en ese periodo fueron: Yucatán (3 mil 356), Tlaxcala (3 mil 637) y Colima, (3 mil 669).
Por otro lado, el estudio advierte problemas e inconsistencias que es preciso señalar, haciendo uso de los mecanismos de control parlamentario previstos en la Constitución para el Senado.
Por ejemplo, de acuerdo con la Constitución, la Guardia Nacional debe ser una institución profesional; sin embargo, sólo cuatro de cada 10 efectivos cuentan con Certificado Único Policial, documento que acredita las habilidades, conocimientos y aptitudes de los elementos para desempeñar sus funciones.
Además, el número de quejas y recomendaciones que acumula la Guardia Nacional en sus primeros cuatro años de operación la han posicionado en el listado de las instituciones más señaladas por presuntas violaciones, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).