Por Rosario Avilés
“Si no sabes a dónde vas no importa qué rumbo lleves”, dicen los clásicos, y es por ello que no tener una política de Estado en materia de aviación en México, lo único que ha provocado es que se tomen decisiones a veces contradictorias y en muchos casos sin sentido. Y lo cierto es que, hasta el momento, no parece haber tampoco mucha claridad en este punto para la siguiente administración. Ojalá nos equivoquemos.
Uno de los sectores donde fue clara esta falta de rumbo es en el tema aeroportuario. Entre la necesidad de mostrar “el músculo” para tener una alternativa de Texcoco, que terminó con la construcción del aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en los terrenos de la Base Aérea Militar de Santa Lucía y crear grupos aeroportuarios “de equilibrio” estatal frente a los grupos privados, la verdad es que el contraste no podría ser más evidente: tres grupos privados -Asur, GAP y OMA- que han logrado no únicamente crecer y ampliar los aeropuertos de cada grupo, sino conformarse como generadores netos de recursos para el país (y para el propio gobierno).
En contraste, los tres grupos “públicos” que tenemos hoy, se hicieron para -eso dicen- “financiar las pensiones” de fuerzas armadas y en el caso del GATM (donde participa ASA con la portuguesa Mota Engil), para ensayar una Asociación Público-Privada (APP) sui generis. Pero bien mirado, esta propuesta se antoja demasiado arriesgada. Los aeropuertos que están en esos grupos, excepto el Aeropuerto de la Ciudad de México y algún otro, no son rentables y para hacer que generen recursos requerirían de darles una vocación e invertir en ello. No se ve que eso vaya a suceder.
Otro de los temas que en este sexenio que está por concluir quedaron sin solución satisfactoria, fue el destino de Mexicana de Aviación. La oferta inicial, que la Compañía Mexicana de Aviación volviera a volar, se quedó muy corta. Ni los trabajadores (la parte esencial de la aerolínea), ni sus activos, ni sus rutas ni slots, etc., se recuperaron. En contraparte hay una aerolínea del Estado que no termina de nacer, cuyos recursos se comprometieron en un contrato para un grupo empresarial hecho al vapor -creado por los responsables del quebranto de la aerolínea- que no cumplió nada.
Para colmo, lo único que se iba a destinar para resarcir en una mínima parte el daño, de los 816 millones de pesos que iban a pagar la marca y unos activos y serían repartidos entre los más de 8,600 trabajadores, solo llegó la mitad. Faltan tres semanas y no se ve que la palabra empeñada se vaya a honrar. Por desgracia, no hay ni a quién reclamarle porque entre las secretarías de Hacienda, Comunicaciones y Defensa se diluyó la promesa del presidente.
En lo que sí hubo avance fue en el cumplimiento de los estándares de los anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Justo por la degradación a Categoría 2 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la posterior auditoría de OACI, México tuvo que modificar sus leyes y reglamentos. Desde luego que algo es algo, este avance no lo habíamos tenido en décadas. El problema es que el resto parece ir en sentido contrario.