Diputados aprueban crear la sala de asuntos indígenas del Poder Judicial Mexiquense

El pleno de la Cámara de Diputados vota a favor de crear la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de la Sala de Asuntos Indígenas, del Poder Judicial del Estado de México, el cual, para crear la iniciativa aprobada, realizó una consulta a los pueblos originarios que se dio con diálogo y votación a mano alzada, de acuerdo con la lectura del dictamen puesto a votación por parte del diputado Gerardo Ulloa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

“Una consulta pública a los Pueblos Originarios, misma que realizó el Poder Judicial del estado de México con carácter de libre, previa, informada y de buena fe en tres fases: preconsultivo, de diálogo, y de decisión. Es importante señalar que en cada sede se tomó la decisión unánime por voto al mano alzada a favor de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, para incorporar la Sala de Asuntos Indígenas como lo informó el autor de la propuesta legislativa”, Ricardo Sodi Cuellar.

Resalta que no tendrá impacto presupuestal, y que se conformará por cinco personas magistradas, especializadas en materia intercultural, quienes se reunirán cuando sea necesario.

Con ello, se busca robustecer el cuerpo de peritos e intérpretes y traductores en lenguas indígenas que intervengan en los juicios.

Implementará un protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, dará a conocer los recursos ordinarios en contra de resoluciones judiciales, en donde alguna de las partes se asuma como integrante de algún pueblo originario.

Emitirá opiniones consultivas en asuntos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas al aplicar sus sistemas normativos; y propone protocolos de actuación para juzgamiento con perspectiva de interculturalismo jurídico.

Finalmente, la sala conocerá y resolverá asuntos relacionados con la protección de los derechos de los pueblos indígenas que se susciten por incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.