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La Policía Internacional (Interpol) activó la ficha roja contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y otras personas implicadas en una investigación por lavado de dinero.

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ya es buscado en más de 190 países para cumplimentar la orden de aprehensión que existe en su contra, así como otras personas.
Lo anterior derivado de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la ficha roja para su búsqueda, localización y captura, confirmaron fuentes ministeriales.
El martes elementos de la Policía Federal Ministerial catearon varios inmuebles de Lozoya y familiares con el fin de cumplimentar el mandamiento judicial que obsequió un juez de control con sede en el Reclusorio Norte.
Lozoya Austin obtuvo de un juez una suspensión provisional para evitar ser detenido por el momento; sin embargo, uno de los delitos que le imputan está catalogado como grave, por lo tanto la garantía no es efectiva.
Los tiempos cambian. En octubre de 2017, Emilio Lozoya Austin fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra por el soborno que presuntamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht y que fueron a parar a la campaña presidencial del PRI en 2012 y su respuesta fue la siguiente: “Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”.
La confianza partía del hecho de que seis días antes se había destituido al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, quien inició la investigación en su contra, “por faltar al código de conducta de la dependencia”, luego de que declarara al diario Reforma que había recibido presiones por parte del ex titular de Pemex para que declarara públicamente su inocencia.
Nieto Castillo, es en la actualidad el encargado de la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, organismo que esta semana congeló las cuentas de Lozoya por posible corrupción.
La Fepade, bajo el mandato de Santiago Nieto, abrió en agosto de 2017 la carpeta de investigación para indagar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht fue destinada a financiar al PRI. Entre los elementos de la investigación había cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.
A pesar de las investigaciones de la Fepade y de que su nombre aparecía en la prensa de países latinoamericanos como uno de los funcionarios a los que Odebrecht les pagó dinero para conseguir concesiones, Lozoya libró la justicia la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pero la situación de Lozoya cambió cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 10 años; el lunes la UIF bloqueó sus cuentas bancarias y también las de su hermana Susana Gilda; y este martes un juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira.
Lozoya Austin, cuando fue funcionario con Peña Nieto, además de adquirir de contado una casa de 38 millones de pesos, declaró relojes de oro y un Dalí de 50 mil dólares para acompañar su Picasso, de medio millón.
Ocho meses antes, en marzo, quien se convertiría en director de Pemex del Gobierno peñanietista, le habría pedido al ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, cuatro millones de dólares como pago por haberlo ayudado a posicionar la compañía en Veracruz, según revelaron el diario brasileño O’Globo y la organización periodística mexicana el Quinto Elemento Lab.
El hecho de que Lozoya Austin tuviera millones de pesos en sus cuentas aquel año es un dato que él mismo dejó asentado en la primera declaración patrimonial que presentó en 2013 ante la Secretaría de la Función Pública al ingresar a Pemex.
Pero la transparencia del funcionario se agotó. Tres días antes de dejar el cargo, el 5 de febrero de 2016, presentó una última declaración con los datos cerrados por completo y firmó ante la Función Pública que no deseaba hacer público ningún bien patrimonial ni de ahorro. De modo que no puede conocerse con qué fortuna concluyó el cargo.
Lozoya Austin dejó el asiento principal de la petrolera nacional cuando la ola del escándalo de OHL crecía con más nombres de funcionarios públicos implicados en una presunta corrupción para beneficiar a la firma española.
Las acciones emprendidas por las autoridades del nuevo Gobierno parecen dar señales de un nuevo intento por castigar la corrupción del anterior sexenio y resulta sintomático que este miércoles el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, solicitó que se citara a una comparecencia a Enrique Peña Nieto porque en México no se movía una hoja sin el mandato del Presidente.
Incluso, aseguró que para que se llevara a cabo una operación como la que se describió, el Consejo de Administración de Pemex tenía que haber autorizado una serie de estudios. Pedro Joaquín Codwell (ex titular de la Secretaría de Energía) y Luis Videgaray (ex Secretario de Hacienda) formaban parte de ese consejo.
“Yo tengo conocimiento que mi cliente no firmó ese contrato”, dijo su abogado y reiteró que Lozoya es el “chivo expiatorio” en la red de corrupción del Gobierno anterior.
Las declaraciones del abogado de Lozoya pueden traducirse como una ruptura del ex director de la petrolera mexicana con el grupo político con el que anduvo desde la campaña de 2012.
La denuncia contra Lozoya presentada por Pemex es la primera acusación por un caso de corrupción que se hace contra el gobierno anterior. Hoy, acorralado por las autoridades, Lozoya intenta evitar la prisión. Su abogado promovió un amparo que le fue concedido por un juez federal, quien le otorgó una suspensión provisional a la orden de aprehensión librada en su contra.

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