El PVEM propone crear un protocolo nacional para blindar a la niñez ante el reclutamiento del crimen organizado.
Se trabajará en prevenir, detectar y desarticular redes criminales que captan a niñas, niños y adolescentes.
Ante el riesgo de que alrededor de 250 mil niñas, niños y adolescentes sean reclutados o utilizados por organizaciones criminales en México, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para establecer un protocolo nacional de prevención y atención contra este fenómeno.
La propuesta plantea que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), encabece una estrategia para identificar, combatir y desarticular las redes dedicadas a captar menores para actividades relacionadas con la delincuencia organizada.
El proyecto contempla reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de crear mecanismos de alerta temprana en espacios comunitarios, escolares y digitales.
Asimismo, plantea establecer procedimientos coordinados entre autoridades de seguridad, justicia, educación, salud y asistencia social para atender posibles casos de reclutamiento, además de brindar protección integral, restitución de derechos y apoyo especializado a las víctimas.
La iniciativa también propone fortalecer las labores de inteligencia e investigación para localizar a quienes operan estas redes criminales, así como destinar recursos provenientes del aseguramiento, decomiso y extinción de dominio de bienes relacionados con actividades ilícitas para financiar las acciones de protección.
De acuerdo con datos citados en el proyecto, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierten que miles de menores se encuentran en riesgo de ser captados por grupos delictivos, especialmente en contextos de pobreza, abandono escolar, marginación y falta de oportunidades.
La propuesta señala que entre 2023 y 2024 aumentó 20.6 por ciento el número de adolescentes privados de la libertad por delitos relacionados con la delincuencia organizada, al pasar de 899 a mil 84 casos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Entre las entidades identificadas con mayor riesgo se encuentran Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Guerrero.
El legislador destacó que, aunque la legislación actual obliga a las autoridades a prevenir la utilización de menores en actividades delictivas, aún no existe un protocolo federal especializado que permita actuar de manera preventiva contra estas redes de reclutamiento.
La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y organizaciones civiles para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y la explotación criminal.
