En México, sólo se resuelve uno de cada diez delitos y la impunidad en homicidios, feminicidios y secuestros alcanza el 100% en varios estados, entre ellos la CDMX.
En México, las autoridades de procuración e impartición de justicia sólo resuelven 10 de cada 100 delitos que se cometen, la mayoría de los estados que registran el 100% de impunidad en delitos como homicidio doloso, feminicidio o secuestro, son gobernados por Morena, entre ellos destaca la Ciudad de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el reporte “Hallazgos 2022: evaluación de la justicia penal”, realizado por la organización México Evalúa, desde 2017 hasta la fecha México ha alcanzado un nivel promedio superior al 90% de impunidad y al corte de 2022 no se ha reducido.
Para 2022 se registró un incremento en los niveles de impunidad, con respecto del año anterior pues la media nacional llegó a 96.3%.
28 entidades del país mantuvieron niveles superiores al 90% de impunidad, las que encabezan la lista son Hidalgo, con 99.6%; Jalisco, con el 99.5%; Colima, con 99.5% y Ciudad de México con el 99.1%.
Las entidades federativas con menores niveles de impunidad están entre el 82% y el 87% y son Michoacán, con 82.9%; Baja California, 87.7%; Chiapas, con 89.1% y Sonora, con 89.3%.
El documento incluye la medición de los niveles de impunidad en delitos como el homicidio, feminicidio, extorsión, secuestro, fraude, entre otros, destaca que durante el último año de gobierno de Claudia Sheinbaum la CDMX mantuvo niveles de impunidad del 100% en la mayoría de los ilícitos que afectan principalmente a las mujeres.
Para 2022 el promedio de impunidad nacional de homicidio doloso fue del 95.7%, delito en el que Jalisco, la CDMX, Yucatán y Zacatecas, registraron niveles del 100% de impunidad.
Para el secuestro el nivel de impunidad llegó al 82.8%, delito en el que la CDMX y Quintana Roo también llegaron al máximo nivel del 100%, al igual que Aguascalientes, fue gobernado por Martín Orozco Sandoval y en octubre María Teresa Jiménez Esquivel; Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla,y Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García.
Para el delito de extorsión el nivel de impunidad nacional llegó al 96.4%, Aguascalientes, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur, gobernado por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, alcanzaron el 100%.
Excepto por Nayarit (69.4%) y el Estado de México (89.6%), el resto de las entidades federativas presentan niveles de impunidad superiores al 90% para casos de extorsión.
Los delitos que implican violencia de género registraron niveles de impunidad de más del 80%, como en el caso del feminicidio en el que el porcentaje nacional fue del 88.6%.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante todo 2022 se registraron 3 mil 754 muertes de mujeres, de las cuales sólo 947 (33.7%) se investigaron como feminicidios.
La CDMX, Zacatecas y Quintana Roo, gobernada por la morenista Mara Lezama Espinosa, alcanzaron el 100% de impunidad en feminicidios.
Mientras que las entidades con menores niveles fueron Nayarit, con 53.3%; Nuevo León, con el 69.7%, pese a los casos como el de Debanhi Escobar y Yolanda Martínez; el Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, con 77.1%; y Sonora, encabezó Alfonso Durazo, con 81.7%.
El 93.8% de los casos de violación quedaron en impunidad durante 2022. Nuevamente Jalisco y la capital del país alcanzaron el 100%.
La impunidad en casos de violencia familiar fue del 98.6%, prácticamente todas las entidades de la República superaron el 90%, mientras que Zacatecas y la CDMX llegaron al 100%.
En el abuso sexual, el nivel nacional fue del 96.1% de casos en impunidad. Ciudad de México, Aguascalientes y Nayarit alcanzaron el 100%.
Sin embargo, las entidades con menores niveles de impunidad para este delito no bajaron del 80%: Yucatán 80.5%; Sonora 83.7%; Michoacán 84.8% y el Estado de México 85.3%.
A nivel nacional hubo un deterioro en la confianza de la ciudadanía hacia todas las instituciones de gobierno, las autoridades de quienes más se desconfía son el Ministerio Público (-0.7%) y los juzgadores (-0.5%).
Conforme al reporte, de las 2.3 millones de denuncias y querellas recibidas por el ministerio público en todo el país, el 87.9% derivó en la apertura de carpetas de investigación; es decir, 9 de cada 10 denuncias se investigan.
De esas carpetas el 86.8% fueron sin detenido y sólo el 13.2% con detenido, el 37% de estos últimos fueron judicializados por tratarse de casos en flagrancia.
En el Poder Judicial Federal el 82.3% de las detenciones fueron calificadas por jueces de control como ilegales por errores cometidos por autoridades de seguridad como el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional o agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). Tabasco (40%), Nuevo León (50%) y Tlaxcala (57.1%), encabezaron la lista.
El 89.5% de las detenciones en flagrancia en el fuero local fue calificada de legal, pero destacó que en Colima, Jalisco y Tlaxcala 1 de cada 2 detenciones fueron declaradas por los jueces de control como ilegales y en el Estado de México, esta medida fue de 4 de 10.
Al cierre del 2022 el 52.3% de los casos permanecen en investigación, en el 43% restante el MP emitió una decisión de archivar temporalmente el caso (57.9%), el no ejercicio de la acción penal (22.4%) y la incompetencia (10.3%), el criterio de oportunidad (4%), la abstención de investigar (3%).
Aunque en el 27.2% de los casos que llegaron ante los poderes judiciales local o federal se dictó sentencia, ésta fue apelada. De las apelaciones admitidas, el 27.8% concluyó en sentencia modificada y el 14.3% en la revocación de la resolución.