DENTRO DE LAS REFORMAS DE AMLO
Penalizar severamente el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco, destaca entre las iniciativas enviadas por el Presidente al Congreso.
En el año 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una cruzada en contra de las empresas factureras; de entrada, aseguró que eran defendidas por los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo que, con ello, se gestaba la inequidad para los mexicanos.
En el 2019 el presidente ya había logrado que se modificara la ley para que la defraudación fiscal fuera considerada como delincuencia organizada, mientras que la emisión de facturas falsas se castigaría con prisión preventiva oficiosa cuando lo facturado rebasa los 7.8 millones de pesos.
Ahora, López Obrador presentó una propuesta de 20 reformas constitucionales al Congreso de la Unión, siendo especialmente interesante la que se ubicó en el noveno sitio y que versa sobre penalizar en forma más severa el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco, especialmente a través del uso de empresas factureras.
Con ello se pretende establecer un marco legal más robusto contra las prácticas fiscales fraudulentas y apunta en directo a operaciones que han permitido a individuos y corporaciones evadir sus responsabilidades fiscales, socavando así la equidad y la justicia en el sistema tributario mexicano.
La propuesta de reforma constitucional al artículo 19 constitucional, busca establecer prisión preventiva oficiosa en los casos extorsión, narcomenudeo, delitos de producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, así como defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales y facturas.
La implementación de estas reformas constitucionales podría tener un impacto significativo en el panorama fiscal y económico de México.
Al penalizar con mayor severidad el delito fiscal, de acuerdo con el espíritu de la norma planteada, se espera una disminución en las prácticas de evasión fiscal, al tiempo de fortalecer los ingresos del Estado, permitiendo una mayor inversión en programas sociales y de desarrollo.
Aunado a ello, se busca promover la cultura de cumplimiento fiscal y transparencia entre las empresas y los ciudadanos.
