Las denuncias contra servidores públicos y la clara evidencia de actos de corrupción han marcado la administración de AMLO pese a su bandera de luchar contra la corrupción.
El incremento de la inseguridad, relacionada con afectaciones al patrimonio, ha resultado parte del día a día de los empresarios, sus empresas y colaboradores en este sexenio: las extorsiones y el despojo son dos delitos que se han incrementado en los últimos 5 años.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su mandato bajo el estandarte de la transparencia y el combate a la corrupción, las denuncias contra servidores públicos y la clara evidencia de actos de corrupción han marcado su administración.
El crecimiento de las denuncias contra delitos cometidos por servidores públicos se ha incrementado en 14.9% en lo que va de la reciente administración federal.
Así lo advierte un análisis de la organización “Signos Vitales”, integrada por María Amparo Casar, Enrique Cárdenas, Julio Frenk, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, José Ramón Cossío, entre otros, donde se advierte que las extorsiones han hecho mayor hincapié en el centro del país.
A pesar de la exhibición mediática alrededor de los despojos en la CDMX, estos no han cedido, al contrario, han incrementado en 10.2% (3 mil 333 despojos en lo que va de 2023) y continúan exponiendo el mismo patrón: estacionalidad en los meses de diciembre y enero, explica.
El reporte de Signos Vitales asegura que este ocultamiento está ocurriendo ya en otros delitos de mayor gravedad, relacionados con la libertad personal y la vida, como sucedió recientemente con el registro de personas desaparecidas.
Recuerda que en los cinco años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha documentado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en las últimas cuatro administraciones federales por el orden de 47 mil 300.
Asegura que si bien, en las pasadas administraciones hubo avances en la contabilidad de las desapariciones, la cifra real de desaparecidos podría ascender a 500 o 600 mil, pero la actual administración federal trata de invisibilizar la gravedad del problema.
El análisis advierte sobre el impacto económico de la inseguridad, donde este facto tuvo como consecuencia que el 5.5% de las Unidades Económicas en el país cancelaran inversiones.
La cancelación de inversiones resultó más elevada en el centro del país que en cualquier otra región.
Los gastos en protección y las pérdidas asociadas a los delitos representaron 225.9 mil millones de pesos de 2019, el equivalente al valor de la producción de la industria de las bebidas en ese mismo año de alrededor de 222.3 mil millones de pesos.
