La normatividad promueve el respeto al ejercicio de derechos y libertades de las personas con discapacidad.
Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la entidad con el objetivo de respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, dentro de un marco de respeto, igualdad efectiva, dignidad, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, para su plena inclusión, accesibilidad, participación autónoma, y desarrollo en todos los ámbitos de la vida.
De acuerdo con el dictamen, con esta normatividad se atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 84/2021, por la que se ordenó a la Legislatura mexiquense realizar una consulta pública a las personas con discapacidad, observando la normatividad nacional e internacional aplicable y expedir una nueva Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de México.
Entre otros aspectos, la nueva ley considera la obligación de los entes públicos estatales de integrar medidas para el cumplimiento de la ley; la armoniza con la Ley General de Educación y complementa la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad enfocada en la infancia y la adolescencia, la cual abarca del nacimiento hasta los 18 años, que facilita la medición de la salud y la discapacidad en ambas etapas; establece el respeto a la consulta de las personas con discapacidad, como mecanismo de participación directa en los procesos de decisión sobre sus derechos.
Además, la emisión de la ley, con la cual se abroga el decreto 258 por el que se expidió la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México, promueve el programa y registro estatal de discapacidad, así como de las acciones relativas a las personas con discapacidad en diversas materias como salud y protección social, educación, trabajo y rehabilitación ocupacional, bienestar social; movilidad; tránsito y transporte; comunicaciones; facilidades arquitectónicas y urbanísticas; cultura, recreación y deporte; turismo accesible, acceso a la justicia; libertad de expresión, opinión y acceso a la información.
La Asamblea plenaria recibió la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Movilidad y del Código Administrativo, todos de carácter estatal para que los ayuntamientos implementen sus propios mecanismos para prestar el servicio de manera directa de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, fortaleciendo las finanzas municipales y generando acciones positivas al entorno.
La propuesta fue turnada para su estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Legislación y Administración Municipal, además de Comunicaciones y Transportes.