EL CLIMA DE VIOLENCIA ELECTORAL

Por Luis Pinal Da Silva

Nadie lo puede negar. La delincuencia organizada irrumpió en el proceso electoral 2020-2021, con una inusitada violencia que amenaza la legitimidad de los comicios y coloca a México en vilo.
Pero, el activismo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en nada ayudo y, por el contrario, propició múltiples renuncias a candidaturas y el cruce de señalamientos y acusaciones entre los abanderados.
Sin embargo, ahora la situación es más crítica, por la irrupción de los grupos de la delincuencia organizada en el proceso electoral, que han dado muestra de su poder y desafían abiertamente a los mandos de seguridad federal y estatales, generando un entorno de crispación, lo que pone en riesgo la vida e integridad de los actores políticos y de la sociedad.
Hay tres casos visibles que muestran el rostro de la violencia política. Se trata del ataque armado contra Joel Ernesto Soto, jefe de la Policía Estatal Preventiva en Sinaloa, quien murió en la refriega; así como el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora y el asesinato de Alma Barragán, candidata a la Presidencia Municipal de Moroléon, Guanajuato.
Esto es un fenómeno de alcance nacional, dado que 25 de las 32 entidades federativas han registrado ejecuciones de políticos y funcionarios locales. La entidad más peligrosa para los políticos y candidatos es Veracruz, con un total de 22 víctimas; Guerrero con 16; Oaxaca con 14, y Guanajuato con 12 asesinatos.
La pregunta es: ¿por qué los delincuentes están interesados en las presidencias municipales?
La respuesta es simple. Porque desde ahí pueden dirigir los operativos de seguridad de las fuerzas policiales contra los cárteles de sus adversarios, para extender su territorio; y porque tienen acceso a la información catastral para apuntar contra familias y dueños de negocios, a fin de desplegar sus actividades de extorsión, cobro de piso, robo y secuestro.
En este contexto de violencia resulta más que oportuna y necesaria la convocatoria de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para realizar este jueves una sesión extraordinaria con las y los gobernadores de la Conago e impulsar una estrategia conjunta, para atender los focos rojos que se han encendido en las entidades federativas.
Aunque los operativos de seguridad para los candidatos que participan en la contienda recaen en las Secretarías de Seguridad federal y estatales, la titular de Segob está dispuesta a hacer valer la confianza que se ha ganado a pulso con los gobernadores de todos los colores partidistas, para mantener a salvo los hilos de la gobernabilidad.
Olga Sánchez Cordero se anticipó a las inquietudes de los mandatarios estatales e intenta evitar el descarrilamiento del proceso electoral. La verdadera prueba de fuego este 6 de junio es quitarle fuerza a la crispación electoral.

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