El IECM informó que mil 862 personas en prisión preventiva ejercerán su derecho al voto en siete centros penitenciarios a partir de este lunes.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que mil 862 personas en prisión preventiva ejercerán su derecho al voto en siete centros penitenciarios a partir de este lunes.
Durante conferencia de prensa, la consejera Carolina del Ángel, detalló que el costo para realizar el debate en prisión preventiva que se llevó a cabo en Santa Martha Acatitla fue de 152 mil pesos que fueron utilizados en la grabación y postproducción.
Agregó que para elegir las preguntas se realizó una convocatoria dentro de los centros penitenciarios para que las personas en prisión preventiva emitieran preguntas, las cuales fueron analizadas por un grupo de personas especialistas.
“Llegaron 18 preguntas y seleccionaron 12 las cuales entraron a una tómbola que se hizo previo al debate y la moderadora sacó las dos preguntas que se hicieron en el debate”, explicó y añadió que dichos temas fueron la agenda de cuidados en el entorno familiar de las personas en prisión preventiva.
La consejera Erika Estrada, dijo que se podrían sumar 240 personas en prisión preventiva a ejercer su voto, ya que promovieron juicios para proteger sus derechos, por lo que el total tentativo sería de dos mil 102 votos dentro de centros penitenciarios.
En el Reclusorio Preventivo Varonil Norte votarán en un horario de 9:00 a 17:00 horas los días 6 y 8 de mayo, pero en el Reclusorio Varonil Oriente, que es donde más personas en prisión preventiva hay mil 24 de las cuales 750 personas votarán.
“Habrá distintos horarios y días que se habilitan en cada centro penitenciario va ir variando ya que depende de la población que haya deseado ejercer sus derechos”, indicó Erika Estrada.
En el debate participó Sebastián Ramírez en representación de Morena, PT y PVEM, Olivia Garza de los Santos del PAN, PRI y PRD y Alejandro Piña Medina de Movimiento Ciudadano.
Una de las preguntas en relación a los programas que implementarían para apoyar a las familias de personas privadas de la libertad. Olivia Garza, quien solicitó primero la palabra, dijo que se debe revisar los contratos de trabajo que hoy en día existen en los penales para que los trabajadores reciban salarios dignos.
Agregó que planea regresar los Cendis para que se dé atención a los niños de madres en prisión preventiva, así como un servicio médico de calidad.
“Debe haber un ginecólogo, un pediatra, alguien que pueda atender para que las personas privadas de la libertad puedan ser tratadas con dignidad, que hayan cometido delitos no significa que no deben ser tratados como tal”, expuso.
En su participación, Alejandro Piña compartió que se requiere un programa de seguimiento para las personas que salen de prisión preventiva para lograr su reincorporación a la sociedad.
“No solo necesitamos de la comunidad, necesitamos de las empresas que puedan ayudar a recibir y acoger a las personas que salgan de prisión para eliminar los estigmas, también promovimos que se elimine la carta de antecedentes penales, con lo cual eliminaríamos los estigmas”, expuso.
Sebastián Ramírez sostuvo que es de suma importancia defender los programas sociales y la política social, por lo que planteo extender los horarios en las escuelas para beneficiar a las mujeres trabajadoras mientras que se garantiza tención a sus hijos.
Planteó que debe haber un apoyo especial para apoyar a los estudiantes, además, resaltó que el examen de Comipems no debería seguir vigente.
“Nuestro sueño es que ningún joven o sus familiares se quede afuera porque no hay lugar, porque acuérdense que durante los gobiernos del PRI y del PAN privatizaron la educación y hasta quisieron cobrar cuotas”, expuso.
